Colombia enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes
Desde finales del 2024, en el Catatumbo colombiano se evidencia una grave situación de seguridad, violencia y muerte, que llevó a que, a la fecha, más de 48 000 ciudadanos hayan tenido que salir de sus hogares a engrosar la fila de desplazados del país. Se cuentan ciudadanos no solo nacionales sino de Venezuela y otros países del cono.
Lo que sucede es que, en la región del Catatumbo, unos 4.800 km2 al noreste del departamento de Norte de Santander, grupos armados de la confrontación interna en Colombia, segmentos del ELN y las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc, el Frente 33 han intensificado sus combates acorralando e involucrando a la población civil.
La confrontación ha generado asesinatos selectivos y muerte de civiles, que ya registran 41 fallecidos confirmados, ―aunque se habla de más de un centenar― y desplazamiento masivo de la población que en su mayoría han llegado a Cúcuta con las necesidades y problemáticas que aumentan la ya apretada situación migratoria de fronteras.
Frente a ello, el presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial firmaron el decreto 0062 con fecha del 24 de enero de 2025, en el que se declara “el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”, para con ello, tomar decisiones internas para apoyar y enfrentar la situación.
¿Qué implica la norma de conmoción?
En la norma, el Gobierno nacional sustenta la facultad que le otorga la Constitución Política en su artículo 213, que establece que “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior (…)”.
Lo que significa que, con base en las facultades constitucionales, el Gobierno queda habilitado para “dictar decretos legislativos en aras de conjurar las causas de la perturbación al orden público e impedir la extensión de sus efectos, para lo cual podrá, entre otras, suspender las leyes incompatibles con este estado de excepción”.
Por esta razón, el decreto determinó declarar la conmoción interior “por el término de noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto (hasta el 24 de abril del presente año), en la región del Catatumbo.
Cabe indicar que la zona la conforman: 11 municipios entre los que se destacan: Ocaña, Convención, Teorama, Hacarí, El Tarra, Tibú y Sardinata, y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura, La Gabarra, así como en el área metropolitana de Cúcuta, que incluye al municipio de Cúcuta, capital departamental, y a los municipios de Villa del Rosario, Los Patíos, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar, un gran cúmulo de territorio y población.
Cultivos ilegales, el detonante
Se dice además que de acuerdo con informes oficiales los grupos armados se disputan un territorio clave para el narcotráfico. “Los municipios de Norte de Santander pertenecientes a la región del Catatumbo concentran 43 178 hectáreas de cultivos de coca, es decir, casi todo el territorio de la región, de las cuales el 63,3 % (27 329 hectáreas) están en los municipios de Sardinata y Tibú; así mismo, que, desde entonces, dichos cultivos se han incrementado, con la reactivación del mercado de la coca para fines ilícitos”.
Las cifras: panorama de la realidad
El gobierno colombiano dio a conocer un balance del Puesto de Mando Unificado (PMU) de Catatumbo, fechado el 26 de enero, con 48 004 desplazados por el conflicto y 25 011 personas que permanecen confinadas en sus hogares. Los municipios más afectados son los de Tibú, Cúcuta y Ocaña.
El informe indica que 41 personas han sido asesinadas (cuatro firmantes de paz, dos líderes sociales, 32 particulares y tres menores) en este territorio, 11 han resultado heridas y 12 personas firmantes de los acuerdos de paz permanecen desaparecidas.
El documento hace también un recuento de la ayuda proporcionada a la población. Así, se han evacuado en helicóptero a 619 personas en 46 vuelos, se ha realojado temporalmente a algo más de 19 000 vecinos, y se han suministrado 137 toneladas de ayuda humanitaria de primera necesidad. Entre esos insumos, se ha proporcionado más de 5000 kits de aseo y más de 11 000 elementos de habitabilidad.