Por Gustavo Portugal
El cine es memoria, es resistencia y es identidad. En tiempos donde el control y la censura parecen imponerse, la lucha por una industria libre y diversa es más necesaria que nunca.
El cine es un reflejo de la sociedad, una herramienta poderosa para narrar historias que, de otro modo, quedarían en el olvido. A lo largo de la historia, el cine ha sido utilizado como un medio de denuncia y memoria en distintas industrias cinematográficas del mundo.
En los Estados Unidos, películas como All the President’s Men (1976) expusieron los escándalos políticos de la época, mientras que, en el neorrealismo italiano, filmes como Ladrón de bicicletas (1948) y Roma, Ciudad abierta (1945) retrataron las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y la vida de los más vulnerables.
Más recientemente, en América Latina, el cine ha jugado un papel crucial en la resistencia contra la censura y la opresión. En Argentina, películas como Argentina, 1985 (2022) han sido fundamentales para recordar los juicios a la dictadura y la lucha por la justicia.
En Brasil, la industria cinematográfica ha enfrentado serios recortes de financiamiento bajo gobiernos conservadores, con cintas como Marighella (2019) enfrentando obstáculos para su estreno por su crítica al autoritarismo. En Chile, el documental El pacto de Adriana (2017) y la de ficción No (2012) han sido piezas clave para la memoria histórica y el análisis del régimen de Pinochet.
En el Perú, esta capacidad de denuncia y memoria ha sido puesta en jaque por las recientes modificaciones a la Ley de Cine, aprobadas en junio de 2024. Detrás de una supuesta reestructuración del sector cinematográfico, muchos cineastas ven un intento del Estado por silenciar las voces críticas y limitar la libertad de expresión.
El cambio de la Ley y su impacto
La nueva normativa traslada la gestión de los fondos cinematográficos de DAFO (Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios) a PromPerú, un organismo orientado a la promoción del turismo y el comercio. Esta movida administrativa ha sido vista con desconfianza, ya que aleja el cine del Ministerio de Cultura y lo pone en manos de una entidad, cuyo enfoque está lejos de fomentar el arte como herramienta de identidad y cuestionamiento social.
Además, la modificación de la ley incluye un apartado que obliga a las producciones nacionales a respetar “las buenas costumbres y la defensa de los intereses del Estado peruano”. Esta cláusula, ambigua y subjetiva, abre la puerta a la censura previa, ya que cualquier contenido que el gobierno considere “inapropiado” podría ser excluido de financiamiento estatal.
Un golpe al cine independiente y regional
Uno de los aspectos más alarmantes es la reducción del 50 % en los incentivos para el cine realizado fuera de Lima. Este recorte afecta gravemente a las producciones regionales, que ya de por sí, enfrentan dificultades de financiamiento y distribución. El cine independiente, que en los últimos años ha dado grandes muestras de creatividad y valentía al abordar temas políticos y sociales, también se encuentra en riesgo ante la falta de recursos.
El cine regional ha sido clave para descentralizar la cultura y mostrar realidades que no suelen verse en las grandes pantallas de Lima. Esta medida podría significar su progresiva desaparición, debilitando la diversidad del cine peruano y limitando la representación de otras identidades dentro del país.
La resistencia de la comunidad cinematográfica
Ante estas medidas, cineastas, actores y productores han alzado la voz en contra de lo que consideran un retroceso en la libertad de expresión en el Perú. Diversos gremios han exigido la derogación de las modificaciones a la ley y la restitución de un fondo de financiamiento independiente y transparente.
Se han realizado manifestaciones y pronunciamientos en festivales nacionales e internacionales, donde el cine peruano ha ganado reconocimiento en los últimos años. La lucha no solo es por el derecho a hacer cine, sino por el derecho de la sociedad a acceder a historias que cuestionen, reflexionen y rescaten la memoria colectiva.
El cine peruano está en una encrucijada. La nueva ley representa un intento de control sobre la producción cinematográfica en el país, amenazando la diversidad de voces y la posibilidad de contar historias que incomoden al poder. Sin embargo, la reacción de la comunidad cinematográfica demuestra que no se rendirán sin dar pelea.
La censura y el caso de ‘La piel más temida’
La polémica ha escalado con la reciente controversia en torno a la película La Piel Más Temida, que aborda el conflicto armado interno y la memoria histórica del país. Tras su estreno, sectores conservadores la tildaron de “apología del terrorismo” y exigieron que se revisara el mecanismo de financiamiento público a proyectos cinematográficos.
Como respuesta, en aquel momento, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, anunció que se revisarán los fondos destinados al cine, asegurando que las producciones financiadas por el Estado deben estar alineadas con “valores democráticos”. Este discurso ha sido interpretado como un intento de filtrar qué historias pueden contarse y cuáles deben ser silenciadas.
