El reciente aumento en la violencia en Colombia, marcado por atentados con explosivos contra la fuerza pública y los civiles; ataques contra políticos y defensores sociales y la presencia de grupos armados ilegales, ha puesto en jaque la estabilidad del país. La sociedad revive el miedo a volver a las épocas más dolorosas de su historia reciente, mientras el Estado enfrenta desafíos en su capacidad de garantizar el orden público y fortalecer la gobernabilidad.
En este artículo buscamos detallar en un análisis concienzudo y responsable, las raíces históricas, la situación actual y las implicaciones de una crisis que amenaza con desdibujar los avances logrados tras el proceso de paz y la labor de los gobiernos y su gente pujante, trabajadora y digna de progreso.
Desde la década de los 80 y 90, Colombia ha vivido en una constante lucha contra un enemigo invisible que ha sembrado terror en las regiones más apartadas del país. Los asesinatos de líderes políticos, activistas y líderes sociales se convirtieron en una estrategia para deslegitimar los procesos democráticos y mantener el control en zonas clave. La historia reciente revela que la violencia no solo fue obra de las guerrillas, sino también de las estructuras paramilitares, el narcotráfico y la corrupción estatal.
Uno de los hombres más buscados en Colombia, Iván Mordisco, simboliza la persistencia de las estructuras armadas que desafían la autoridad estatal. Con más de 20 años en el conflicto, su organización controla territorios estratégicos y responde con violencia a cualquier intento de desmantelamiento. La presencia de estas disidencias en Cauca y Valle del Cauca complica la tarea del Gobierno de consolidar un proceso de paz duradero.
Colombia, un país que ha atravesado por décadas de conflicto armado, se encuentra en un momento crítico donde la estabilidad y la gobernabilidad parecen estar en juego. La escalada de violencia que se ha registrado en los últimos meses, con atentados, asesinatos de dirigentes políticos, voceros de paz a manos de la disidencia de algunos grupos armados en zonas estratégicas, remite a las épocas más oscuras de su historia, cuando el país vivió en medio de una guerra no declarada que dejó miles de víctimas y sembró un clima de miedo y desconfianza.
Un reflejo de aquel pasado oscuro
Hoy, la situación no difiere mucho de aquellos años. La presencia de disidencias de las FARC, el ELN y bandas paramilitares en regiones como Cauca y Valle del Cauca evidencia que las heridas abiertas aún no sanan. La reciente ola de atentados, con explosivos y asesinatos selectivos, ha provocado al menos siete muertes y decenas de heridos en una región codiciada por los actores armados por su ubicación estratégica para el narcotráfico y otros negocios ilícitos.
El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, en ogotá, fue un recordatorio brutal de que la violencia política todavía está presente y que los fantasmas de los años 90 persisten en la memoria colectiva. La agresión, perpetrada por un menor de edad, muestra cómo las organizaciones armadas siguen teniendo capacidad de acción y cómo intentan influir en el proceso electoral y en la estabilidad del Estado.
La facción liderada por Iván Mordisco, uno de los jefes más buscados del país, simboliza la continuidad de las estructuras armadas que desafían al Estado. Con más de 20 años en armas, Mordisco y sus grupos controlan territorios clave, donde el narcotráfico, el reclutamiento forzado y los atentados son moneda corriente. La presencia de estas disidencias en zonas rurales y en la frontera con Ecuador y Venezuela dificulta la recuperación del control estatal.
Por otra parte, el ELN, que continúa activo en varias regiones, y las bandas paramilitares que se reagrupan en diferentes frentes, mantienen una estrategia de intimidación y control territorial que impide el desarrollo de proyectos sociales y económicos en las zonas afectadas. La complicidad de actores corruptos dentro de las fuerzas del orden también ha sido una constante a lo largo de la historia, permitiendo que la violencia se perpetúe en la impunidad.
Colombia se encuentra en una encrucijada. La violencia, la inseguridad y la crisis política la empujan a revivir heridas del pasado, poniendo en riesgo los avances democráticos y sociales logrados en los últimos años. La lucha por la estabilidad y la paz duradera requiere un esfuerzo conjunto de todos los actores sociales, políticos y internacionales. Solo así podrá evitar que el país vuelva a vivir en el temor y la incertidumbre que marcaron su historia más dolorosa, y avanzar hacia una verdadera reconciliación y desarrollo sostenible.
¿Crisis de gobernabilidad?
La escalada de violencia se produce en un contexto de alta tensión política. El Gobierno de Gustavo Petro, que asumió en 2022 con la promesa de una “paz total”, enfrenta dificultades para consolidar su agenda en medio de una oposición que denuncia ilegalidades en las reformas propuestas y de sectores conservadores que ven con recelo los cambios estructurales.
En los últimos meses, la falta de consenso en temas clave como la reforma laboral y la seguridad ha llevado a que varios partidos políticos se abstengan de participar en reuniones convocadas por el Ejecutivo. La movilización social y la oposición política se han intensificado, generando un clima de polarización que solo alimenta la incertidumbre y la inseguridad.
La comunidad internacional ¡Alerta!
Organismos como Human Rights Watch y el CICR han advertido que Colombia atraviesa su peor momento en materia de derechos humanos desde la firma del acuerdo de paz en 2016. El aumento de homicidios, secuestros y amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos revela la fragilidad del Estado y la persistencia de actores armados que operan con impunidad.
La crisis humanitaria, que ha afectado a más de 950000 personas en lo que va del año, evidencia que la violencia no solo es un problema de seguridad, sino también de protección y desarrollo social. La presencia de estos actores en zonas rurales, donde la presencia estatal es mínima, perpetúa un ciclo de pobreza, desplazamiento y vulnerabilidad que socava la estabilidad del país.
