El gobierno británico estima que los acuerdos fronterizos posteriores al Brexit costarán al menos 4.700 millones de libras, tras varios retrasos en la implementación de nuevas reglas, según informó el organismo de control del gasto del Parlamento.
Tras el referéndum de 2016 en el que Gran Bretaña decidió abandonar la UE, la complejidad de reorganizar las cadenas de suministro y establecer fronteras aduaneras ha llevado a que recién este año se estén implementando nuevas reglas.
La primera fase del nuevo Modelo Operativo de Objetivos Fronterizos entró en vigor el 31 de enero, requiriendo certificación adicional, seguida por una segunda fase el 30 de abril con controles físicos en puertos, y una tercera fase programada para el 31 de octubre que exigirá declaraciones de seguridad.
La Oficina Nacional de Auditoría (NAO) señaló que los repetidos retrasos y la falta de previsión han causado gastos innecesarios en infraestructura y personal, además de incertidumbre y costos adicionales para empresas y puertos, aumentando el riesgo de bioseguridad.
A pesar de que los procesos fronterizos han funcionado relativamente bien, la NAO criticó la Estrategia Fronteriza del Reino Unido para 2025 por su falta de un plan claro y coordinado.
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