Tras dos años y 306 días de gobierno, Dina Boluarte fue destituida como presidenta del Perú. Una gestión que tocó fondo y que hizo que la exmandataria perdiera la batalla tras la estocada final que le dio la inseguridad ciudadana. Por ello el cuestionado Congreso peruano la sentenció no solo por el imparable clamor popular, sino por un cálculo político preelectoral. Pese al nuevo presidente de transición, el descontento ciudadano continúa.
Dina Boluarte destituida por el Congreso peruano
Dina Ercilia Boluarte Zegarra, la primera presidenta mujer del Perú, fue vacada por el Congreso de la República con 122 votos a favor, el pasado 10 de octubre a la madrugada. Y es que, desde las últimas horas del jueves 9, momentos antes del debate de la vacancia, las rotativas de prensa del país andino se movían más de lo normal en su agitada política. El final estaba casi cantado.
A Dina Boluarte la destituyeron en tiempo récord. Tenía hasta cuatro mociones de vacancia y desde tempranas horas del día, las bancadas políticas Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, acusadas de ser sus protectores en el parlamento, y hasta parte de un cogobierno que la había salvado en otras ocasiones, esta vez habían anunciado que apoyarían la vacancia, inclinando la balanza. Todo indicaba que era el último día de la mandataria porque ya su situación no daba para más.
Incapacidad moral y descontento ciudadano
Boluarte fue vacada por permanente incapacidad moral para gobernar. Esa fue la causal que la llevó a su destitución, y aunque para los analistas y ciudadanía esa figura le cae como “anillo al dedo”, también apuntan a que esa causal, en el artículo 113 de la Constitución es cuestionable, porque se convierte en un herramienta de doble filo, vaga, sin parámetros bien definidos y que brinda casi todo el poder a un Congreso que la aplica para sacar a un presidente, cuando no les gusta un mandatario, por ello, cuando hay mociones de vacancia bajo ese argumento se abre el debate político sobre su utilización.
Los gobiernos presidenciales en el Perú duran cinco años, pero, Boluarte es la sexta presidenta en los últimos nueve, y la quinta que sale de manera abrupta del poder.
Para quienes pedían su salida, la exmandataria se lo ganó a pulso, en un país que se desangra por la inseguridad creciente. Mostró inacción y frivolidad hasta en sus últimas declaraciones sobre las extorsiones, palabras que fueron tomadas como una burla al pueblo y encendieron más la pradera.
El atentado contra ‘Agua Marina’
El pasado 8 de octubre se presentaba en Lima, la muy popular agrupación de cumbia peruana Agua Marina. En pleno concierto, realizado en una instalación militar, la voz del cantante se interrumpió ante el retumbar de una primera ráfaga de disparos. Se desató el caos en el público que se tiraba al suelo mientras otros corrían.
El atentado a matar contra el grupo musical dejó heridos a cuatro de sus miembros. Las imágenes de la balacera circularon por las redes sociales. Se trataba de un ataque más de extorsionadores contra un querido grupo de artistas. Hecho que confirmaba una inseguridad ciudadana que rebasó todo límite, como cuando se asesinó al cantante Paul Flores del grupo Armonía 10.
Horas después del ataque se informaba que los músicos heridos estaban fuera de peligro, pero Boluarte no, ese hecho fue su muerte política, decretada por un país con miedo y un Congreso obligado por la inmensa indignación popular y por cálculo político como acusa una gran mayoría.
Diana Boluarte, su destitución y su rosario de investigaciones
Antes de la balacera contra el grupo de cumbia y ante las protestas ciudadanas de la llamada Generación Z y gremios de transportistas que reclamaban al Gobierno por 47 conductores asesinados, la presidenta hizo una desafortunada declaración. Pidió a la ciudadana que no respondiera las llamadas telefónicas como una manera de “evitar las extorsiones”.
El mensaje fue tomado como una burla en un país que se desangraba, mientras ella pensaba en viajes ―y en opinión de una gran mayoría― mostraba total indiferencia ante las extorsiones y el sicariato que está matando a tantos peruanos.
Dina Boluarte tiene siete investigaciones fiscales. El fiscal de la Nación Tomás Gálvez pidió 36 meses de impedimento de salida para la también abogada, anotando que las carpetas se pueden reabrir y que seguirán su curso. Uno de los procesos más avanzados es por la muerte de 49 personas en las protestas sociales de diciembre del 2022, reclamos por su asunción al poder, tras el fallido golpe de Pedro Castillo. También se le investiga por cohecho pasivo al recibir alhajas y relojes Rolex de parte de un gobernador regional.
Así mismo, por abandono de cargo para realizarse operaciones estéticas, encubrimiento personal y presunto abuso de autoridad al desactivar un equipo policial, son otras de las investigaciones contra la expresidenta.
Boluarte también es acusada por el caso ‘cofre’, en donde habría encubierto al prófugo Vladimir Cerrón, líder del partido de izquierda Perú Libre que la llevó a ella en la plancha presidencial junto a Pedro Castillo, a estas investigaciones se suma presunto enriquecimiento ilícito, pues su patrimonio se incrementó sin justificación ni sustento en más de medio millón de soles, entre el 2021 y el 2024.
Dina Boluarte destituida y sin inmunidad
Tras su destitución se temía que la exmandataria se refugiara en alguna embajada, pero, apareció con sus ministros para dar un discurso final, no reconoció errores y defendió su gestión. Tras ese último mensaje no se sabía de ella hasta que, desde su domicilio anunció que no se iría del Perú, pero, no se presentaría a la audiencia del miércoles 15 de octubre, para impedir su salida del país.
Sobre sus investigaciones pendientes, expertos constitucionalistas dicen que todas procederán, pues sigue siendo aforada, pero Boluarte ya no tiene inmunidad así que, se activarán las investigaciones que el Tribunal Constitucional puso en pausa por su condición de presidenta.
Un nuevo presidente en medio del descontento
Dina Boluarte ha sido destituida y ya no es la presidenta del Perú, pero el descontento sigue en los ciudadanos de a pie. La designación presidencial de Jose Jerí, ex titular del Congreso, de 38 años, generó enfado, y han pedido su renuncia, razón de la marcha nacional convocada para el 15 de octubre. El mandatario y abogado tiene una denuncia por violación, y otros cuestionamientos por su patrimonio económico, presunta corrupción y hasta por hacer una fiesta en la pandemia del covid-19.
A pesar de que Jerí Oré es el presidente de transición hasta julio del 2026, una gran mayoría de peruanos no lo quiere, y para diversos especialistas solo debería dedicarse a tomar acciones inmediatas contra la inseguridad y ofrecer un proceso electoral tranquilo y transparente, sin abarcar más allá.
Sus detractores dicen que será el títere político del fujimorismo y los analistas piensan que debería dar muestras de desmarcarse del Parlamento de donde proviene, “Él se debe a las fuerzas que han manejado el Congreso durante todo este tiempo. Entonces, yo creo que asistimos a un periodo de continuidad de la crisis porque las cosas no van a cambiar de una manera sustancial’’, opina el politólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos, Paulo Vilca.
Con una gestión llena de errores donde creció la delincuencia, con sospechas de corrupción y falta de empatía de Boluarte con su pueblo y, por otro lado, un nuevo presidente apuntando a la “continuidad de la crisis”, parece que no llegarán mejores vientos para el Perú, al menos, en los próximos meses.
Autor: César Pastor Gamarra es peruano, de profesión periodista y comunicador social, analista político y creador y director del portal www.elperuchito.com
Editor: Express News UK
