El Reglamento de Extranjería en España 2025, aprobado en noviembre de 2024 y en vigor desde mayo pasado, marca un nuevo rumbo en la política migratoria española. Aunque introduce medidas que facilitan la regularización, las organizaciones sociales advierten que se trata más de un ajuste técnico que de una verdadera reforma estructural.
Por un lado, el Gobierno reduce de tres a dos años el tiempo de residencia exigido para solicitar el arraigo y amplía las modalidades de este permiso, lo que abre puertas a miles de personas migrantes en situación irregular. Sin embargo, por otro, deja fuera a un colectivo especialmente vulnerable: quienes han solicitado asilo y reciben una denegación definitiva.
“Es una paradoja: se facilita la integración por una vía y, al mismo tiempo, se cierran otras que son esenciales para quienes buscaron refugio en España”, explicó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
El reto del asilo: del limbo a la irregularidad
Hasta ahora, quienes pedían protección internacional podían mantenerse en un estatus legal mientras duraba el proceso. Con el nuevo Reglamento, una denegación deja automáticamente a la persona en irregularidad administrativa, salvo que cumpla las condiciones del periodo transitorio, que solo estará en vigor hasta mayo de 2026.
Según datos de CEAR, más del 70 % de las solicitudes de asilo en España son rechazadas. Esto significa que decenas de miles de personas podrían quedar en una situación de vulnerabilidad extrema, sin papeles, sin acceso a empleo formal y con riesgo de expulsión.
“Estamos muy preocupados porque esta norma condena a la irregularidad sobrevenida a personas que llevan años en nuestro país, muchas de ellas con arraigo social y laboral ya acreditado. Es un retroceso que compromete la cohesión social”, añadió Estrella Galán, secretaria General de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Periodo transitorio limitado
El Reglamento prevé un régimen transitorio entre mayo de 2025 y mayo de 2026 para quienes hayan visto denegada su solicitud de asilo antes del 20 de marzo de 2025. Para acogerse, deberán llevar al menos seis meses en situación irregular y cumplir los requisitos de los distintos tipos de arraigo: contar con contratos de trabajo, medios económicos, familiares directos residentes legales o estar inscritos en formación reglada.
Si bien esta ventana ofrece una salida temporal, organizaciones como CEAR consideran que es insuficiente: “no podemos hablar de integración real si se imponen plazos cortos y requisitos difíciles de cumplir. Se necesita un marco más estable y humano”, sostienen.
El Gobierno ha presentado la reforma como un paso adelante hacia un modelo migratorio más flexible y adaptado a la realidad. Sin embargo, CEAR y otras organizaciones recuerdan que queda lejos de un marco garantista.
“El Reglamento no resuelve el problema de fondo: miles de personas seguirán atrapadas entre procedimientos interminables y un laberinto burocrático que, en muchos casos, termina en la irregularidad”, señala este órgano social.
En este sentido, CEAR insiste en que la política migratoria debería centrarse en reconocer la aportación de las personas migrantes y refugiadas, en lugar de reforzar dinámicas de exclusión. “La integración no puede construirse con medidas a medias”, subrayan desde la organización.
Reglamento de Extranjería España 2025: El desafío de una política integral
El nuevo Reglamento de Extranjería avanza en algunos aspectos de la regularización, pero también cristaliza las tensiones de un sistema que oscila entre la apertura y el control. La reducción del tiempo para el arraigo y la diversificación de modalidades son pasos positivos, aunque insuficientes.
El reto sigue siendo construir una política migratoria coherente, que garantice derechos y seguridad jurídica, al mismo tiempo que favorezca la integración social. Para CEAR, el horizonte es claro: “si España quiere liderar en derechos humanos, debe garantizar que nadie quede en la ilegalidad por haber pedido refugio”.
Reglamento de Extranjería España 2025: Nuevas figuras de arraigo
El texto incorpora distintas modalidades para solicitar residencia y trabajo:
- Arraigo de Segunda Oportunidad: residencia de un año para personas que lleven dos años en España y hayan perdido una autorización previa por causas ajenas a la seguridad pública.
- Arraigo Sociolaboral: residencia de un año vinculada a contratos laborales de al menos 20 horas semanales.
- Arraigo Social: residencia de un año para quienes tengan familiares en España o acrediten integración y medios económicos suficientes.
- Arraigo Socioformativo: residencia de un año condicionada a la matrícula en estudios o cursos de formación profesional.
- Arraigo Familiar: residencia de cinco años para progenitores de menores nacionales de la UE o cuidadores de familiares con discapacidad.
Estas medidas son valoradas positivamente por parte del movimiento migrante, pero se considera que no compensan la exclusión de quienes pasan por el sistema de asilo.
