Indulto a Juan Orlando Hernández es la decisión que vuelve a colocar a Estados Unidos en el centro de la controversia regional. La decisión del expresidente Donald Trump de indultar a Juan Orlando Hernández, condenado en Nueva York por facilitar el ingreso de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, no es sólo una gracia presidencial, es una señal política que desmantela la coherencia de la retórica norteamericana sobre el narcotráfico en la región y desata interrogantes sobre por qué Washington actúa con dureza contra gobiernos como el de Venezuela y, al mismo tiempo, protege a aliados cuestionados.
Indulto a Juan Orlando Hernández: una señal política más que judicial
Cuando una superpotencia proclama la guerra al narcotráfico desde tarimas internacionales y luego absuelve a un exmandatario probado culpable en tribunales federales, asistimos a una disonancia que no puede ser explicada sólo por la política doméstica: es un acto con consecuencias diplomáticas y morales.
Juan Orlando Hernández fue condenado en 2024 y sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos por conspiración para importar cocaína y delitos relacionados; fiscales describieron su gobierno como piezas clave para el tránsito de cargamentos hacia el mercado estadounidense. Su liberación por indulto rompe la narrativa punitiva que la Casa Blanca ha enarbolado como excusa para acciones militares o sanciones en la región.
El doble estándar de Washington frente al narcotráfico
La incoherencia se vuelve más flagrante cuando ese mismo gobierno anuncia operaciones militares y amenazas contra Venezuela y lanza advertencias sobre Colombia, presentándolas como acciones necesarias para frenar la droga que entra a EE. UU.
Desde la Casa Blanca, altos mandos han justificado ataques y medidas coercitivas contra supuestas infraestructuras del narcotráfico, mientras que al mismo tiempo Trump blinda a un exjefe de Estado condenado por facilitar precisamente esos flujos ilícitos.
Esa contradicción no es sólo retórica: mina la capacidad de Washington para exigir transparencia y justicia a otros gobiernos cuando sus propias decisiones parecen responder a criterios políticos y no a la ley.
Política y geopolítica se entrelazan. El indulto llega en un momento de tensiones regionales: amenazas de acciones contra Venezuela y declaraciones hostiles hacia Colombia han elevado el tono diplomático.
Impacto regional del indulto a Juan Orlando Hernández
Para líderes como Gustavo Petro, presidente de Colombia, que defienden medidas de soberanía y cooperación antinarcóticos desde enfoques distintos a los de Washington, la absolución de Hernández es el argumento perfecto para afirmar que la política de EE. UU. no busca justicia sino influencia. En otras palabras: si hay criterio selectivo en la aplicación de la ley, la cooperación multilateral se vuelve imposible.
No se trata de equidistancia moral: es honestidad periodística. El problema no es sólo la persona indultada, sino el ejemplo que envía. Cuando un gobierno bombardea embarcaciones sospechosas en el Caribe o anuncia operaciones en territorio extranjero, dice a la región que la respuesta puede ser militar; pero al perdonar a quien, según pruebas judiciales, permitió el envío masivo de droga, Washington sugiere que las respuestas varían según conveniencias políticas.
Ese cálculo erosiona alianzas, fomenta la impunidad y alimenta discursos nacionalistas que usan la narrativa de “injerencia” para cerrarse al escrutinio internacional.
Credibilidad, justicia y consecuencias diplomáticas
Hay, además, un coste práctico: cooperación internacional para decomisos, inteligencia y judicialización depende de confianza. ¿Por qué un juez en Bogotá, Caracas o Tegucigalpa confiaría en procesos conjuntos si la máxima autoridad del país que impulsa los juicios puede revertir sentencias con un indulto?
Las víctimas, comunidades afectadas por violencia y adicción, también reciben un mensaje claro: las reglas pueden cambiar según la conveniencia política. Eso no es política exterior; es simulacro de política.
La única salida a esta incoherencia es recuperar el hilo de la legalidad: transparencia en las razones del perdón, revisiones parlamentarias sobre el uso del indulto en casos de crimen organizado y un diálogo regional que deje atrás la estrategia del “ataque y la excepción”.
Si EE. UU. pretende liderar genuinamente una política antidroga, debe empezar por demostrar que la ley es igual para todos, aliados o adversarios, y que sus decisiones responden a pruebas y no a favores políticos. Hasta entonces, cada bombardeo anunciado y cada amenaza dirigida a Caracas o Bogotá tendrá la sombra de un indulto que deslegitima la palabra de quien lo pronuncia.
Autor: Fausto Arciniegas López
Editor general – Express News
Redacción: Express News UK
