En un contexto de creciente presión política, el Gobierno británico, liderado por Keir Starmer y su ministra de Interior, Yvette Cooper, ha ido implementando medidas urgentes contra la migración ilegal, buscando revertir las críticas populares y adaptarse a un panorama político cambiante.
La migración ilegal ha emergido como uno de los temas más candentes en la política británica, ocupando un lugar central en el debate público y afectando la imagen del Gobierno del Partido Laborista. En este contexto, la ministra de Interior, Yvette Cooper, se ha convertido en un ariete clave en la estrategia del primer ministro Keir Starmer para abordar la crisis migratoria y recuperar la confianza de los votantes.
Cooper, con casi tres décadas de experiencia política, ha diseñado una ofensiva que se aleja del tradicional enfoque del Laborismo sobre la migración. Consciente de que la gestión de fronteras es un tema que resuena profundamente en la opinión pública, ha tomado inspiración de las tácticas de otros países como Estados Unidos, Italia y Alemania. Para demostrar su compromiso, se ha unido a redadas policiales dirigidas a identificar a trabajadores en situación irregular, especialmente en sectores como la hostelería y los salones de manicura.
La estrategia del Gobierno incluye un número significativo de deportaciones, con cerca de 19 000 expulsiones desde que Starmer asumió el poder, el mayor volumen desde 2018. Además, las redadas han aumentado en un 73 % en el último año. Estos esfuerzos no solo buscan desmantelar las bandas de tráfico de personas, sino también ofrecer una respuesta tangible a las inquietudes de la ciudadanía sobre la migración irregular.
Influencia de la oposición en decisiones
El ascenso del partido Reforma en las encuestas, que ahora supera al Laborismo, ha encendido alarmas en el Gobierno. Con un 25 % de apoyo en las encuestas, la formación de Farage ha capitalizado el descontento popular y ha desafiado el dominio tradicional del Laborismo. Ante esta situación, el Gobierno se ha visto obligado a adoptar un enfoque más enérgico y visible en su lucha contra la migración ilegal.
En un esfuerzo por reforzar el control de las fronteras, el Gobierno británico ha implementado nuevas regulaciones que afectan a 48 países, incluidos 11 latinoamericanos, que ahora deben obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) para ingresar al Reino Unido. Este trámite, que tiene un costo de 10 libras, busca fortalecer la seguridad fronteriza y se asemeja a sistemas similares en Estados Unidos y Australia.
Con ello, las naciones latinoamericanas: Argentina, Brasil y México, están ahora entre el casi medio centenar de países cuyos ciudadanos están obligados a realizar el trámite ETA, junto a Chile, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Recordemos que ahora, Colombia debe pedir visado para ingresar a Reino Unido, una distinción que tuvimos por algo más de un año y que se perdió a finales de 2024, por el aumento en las solitudes migratorias de dudoso trámite y contenido.
Sin embargo, la implementación de estas medidas no ha estado exenta de críticas. El aeropuerto de Heathrow ha expresado su preocupación por el impacto que el nuevo trámite pueda tener en la llegada de turistas, mientras que el gobierno de Irlanda del Norte teme que esta burocracia afecte negativamente su industria turística.
La visión del futuro del Laborismo
A medida que el Partido Laborista navega por este complejo panorama político, la estrategia de Starmer y Cooper refleja un intento por adaptarse a las demandas cambiantes de la sociedad británica. La política de migración se ha convertido en un campo de batalla clave, y el Gobierno busca demostrar que puede gestionar eficazmente la crisis migratoria, al tiempo que intenta evitar que partidos populistas como Reforma ganen más terreno.
Con este panorama, la situación migratoria en el Reino Unido es un reflejo de desafíos más amplios que enfrenta la política británica, bajo el liderazgo de Keir Starmer y Yvette Cooper, con lo que el Gobierno Laborista está adoptando un enfoque más contundente y pragmático en su política migratoria. Sin embargo, las medidas que están implementando también plantean riesgos significativos, tanto en términos de crítica interna como de respuesta pública. Con el futuro del Laborismo en juego, la gestión de la migración será un tema clave en la agenda política británica en los próximos meses.
