Nuevo Alto Mando marca el inicio de una transición política inédita en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez.
Tras 25 años de hegemonía chavista, Venezuela estrena un nuevo rostro en el poder en medio de una intervención geopolítica de alto impacto. Delcy Rodríguez asume las riendas de un Estado quebrado, con la misión de negociar la deuda y garantizar la lealtad de un Alto Mando Militar que hoy actúa como el verdadero árbitro de la nación. ¿Es posible un «chavismo sin Maduro» capaz de estabilizar la economía mientras la sombra de las sanciones y el éxodo sigue marcando el pulso de la calle?
Nuevo Alto Mando y poder militar en la era Rodríguez
El respaldo militar a Rodríguez no es un cheque en blanco; es un contrato de protección mutua. Tras la salida de Maduro, el General en Jefe Vladimir Padrino López se ha consolidado no solo como el árbitro, sino como el garante de que la estructura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no sufra una purga masiva bajo la influencia de Washington.
Sin embargo, el actor a observar es el Mayor General Pascualino Angiolillo Fernández, actual secretario del Consejo de Defensa de la Nación. Su figura representa el ala técnica-militar que busca una «salida profesional»: una transición donde los militares mantengan el control de sectores estratégicos (minería, aduanas y petróleo) a cambio de permitir la apertura política que exige la comunidad internacional.
El dilema de los mandos medios
Mientras la cúpula negocia inmunidades, los coroneles y mayores enfrentan una crisis de moral. Delcy debe asegurar que la «normalización» económica llegue a los cuarteles antes de que el descontento por la pérdida de privilegios ideológicos fracture la cadena de mando.
Nuevo Alto Mando y deuda externa en default
Venezuela llega a este escenario con una deuda externa que expertos de instituciones como la IIF estiman por encima de los 150.000 millones de dólares. Para Delcy Rodríguez, el reconocimiento de Washington no es solo un tema diplomático, es una necesidad financiera urgente para acceder a la reestructuración.
| Acreedor / Instrumento | Situación Actual |
| Bonos PDVSA y Soberanos | En default desde 2017; intereses acumulados masivos. |
| Deuda con China y Rusia | Pagos mediante envíos de crudo, ahora en renegociación política. |
| Arbitrajes (CIADI) | Sentencias pendientes por expropiaciones de la era Chávez. |
La estrategia de Rodríguez es clara: utilizar la Ley Antibloqueo para ofrecer concesiones en la Faja Petrolífera del Orinoco a empresas estadounidenses (Chevron, Halliburton) y europeas, bajo la premisa de que «el petróleo pagará la deuda». Sin embargo, los acreedores exigen un marco legal que solo una Asamblea Nacional legítima y reconocida puede otorgar.
«Rodríguez está intentando vender la estabilidad de un cementerio como una oportunidad de inversión. Los mercados quieren entrar, pero temen que el título de propiedad esté manchado de sangre» comenta un analista financiero de Wall Street.
El colapso del flujo de caja
Si la transición no logra levantar las sanciones de manera acelerada, el gobierno de Rodríguez entrará en una asfixia técnica. Con una producción petrolera que apenas roza los 800.000 barriles diarios, el país no tiene flujo de caja para pagar la deuda y, simultáneamente, sostener la paz social.
Antes de la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, Venezuela se encontraba bajo uno de los regímenes de sanciones más severos y complejos del mundo, diseñado principalmente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El punto de inflexión ocurrió en 2017 y se radicalizó en 2019 con el embargo a Petróleos de Venezuela (PDVSA), lo que bloqueó efectivamente la capacidad del Estado para exportar crudo a su mercado más rentable y prohibió a cualquier entidad estadounidense realizar transacciones con la petrolera estatal.
Estas medidas no solo afectaron la comercialización de energía, sino que también congelaron activos soberanos en el exterior, incluyendo el control de la filial Citgo y las reservas de oro custodiadas en el Banco de Inglaterra, asfixiando el flujo de divisas de una economía que ya sufría una hiperinflación devastadora.
A nivel operativo, las sanciones generaron un fenómeno de «sobrecumplimiento» (overcompliance), donde bancos y proveedores internacionales, por temor a represalias de Washington, cortaron vínculos incluso para transacciones permitidas de alimentos y medicinas.
A pesar de que existían licencias específicas para ayuda humanitaria y permisos excepcionales para empresas como Chevron, el entramado de restricciones convirtió a Venezuela en un paria financiero global. El gobierno de Maduro respondió recurriendo a la «flota fantasma» y a socios como Irán y Rusia para evadir el cerco, lo que consolidó una economía sumergida y paralela que, si bien permitió la supervivencia del aparato político, profundizó la precariedad de la infraestructura nacional y el aislamiento de las instituciones venezolanas del sistema bancario tradicional.
Redacción: Express News UK
