El expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue condenado el pasado 27 de Noviembre por el delito de conspiración para la rebelión tras su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022. La decisión judicial marca un precedente histórico en la defensa del orden democrático en el país sudamericano.
Pedro Castillo condenado por intento de ruptura democrática
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la reorganización del sistema judicial, un acto considerado por la Constitución peruana como un autogolpe. En respuesta inmediata, el Congreso aprobó su destitución por incapacidad moral, y la Policía Nacional del Perú lo detuvo horas después.
Este episodio desató una grave crisis institucional, con protestas callejeras y confrontaciones políticas. La comunidad internacional también condenó el intento de ruptura del orden democrático y expresó su respaldo al Congreso y a la institucionalidad peruana.
El juicio y la condena para Castillo
Tras varios meses de investigación, el Poder Judicial concluyó que Castillo actuó con intención deliberada de subvertir el orden constitucional. El tribunal lo encontró culpable de conspiración para la rebelión, mientras que se descartaron otros cargos relacionados con corrupción que habían sido investigados paralelamente.
Además de Castillo, varios de sus colaboradores y exministros también enfrentaron procesos judiciales por su participación en los hechos. Algunos recibieron penas menores por encubrimiento y complicidad, mientras que otros buscaron asilo o se encuentran prófugos de la justicia.
El fallo establece que la acción de Castillo fue un ataque directo a la institucionalidad peruana y que su intento de disolución del Congreso vulneró los principios fundamentales de la Constitución y la democracia representativa.
El intento de autogolpe se produjo en medio de una profunda polarización política. Castillo había enfrentado varias mociones de vacancia impulsadas por acusaciones de corrupción y denuncias de manejo irregular de recursos públicos. La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo se había intensificado a lo largo de su mandato, y la situación alcanzó un punto crítico en diciembre de 2022.
El país vivió días de incertidumbre, con manifestaciones en Lima y otras ciudades, mientras los ciudadanos seguían con atención los pasos del gobierno y del Congreso. La rapidez con la que se destituyó a Castillo y su posterior detención fueron interpretadas como una demostración de la fuerza del sistema democrático frente a amenazas internas.
Un fallido golpe de Estado
La condena de Pedro Castillo ha generado diversas reacciones en el país. Para muchos analistas, representa un mensaje claro: la democracia peruana no tolerará intentos de concentración de poder ni rupturas del orden constitucional. Asimismo, se espera que la sentencia sirva de precedente para fortalecer la rendición de cuentas y la responsabilidad de los líderes políticos.
Organizaciones internacionales y observadores de derechos humanos han resaltado la importancia de que el juicio se haya llevado a cabo con respeto al debido proceso, aunque también advierten sobre la necesidad de mantener la estabilidad institucional y la unidad política en un país históricamente convulsionado.
La historia de Pedro Castillo y su intento de disolver el Congreso deja lecciones clave para las democracias latinoamericanas. La vigencia del Estado de derecho, el papel de los poderes institucionales y la responsabilidad de los ciudadanos son fundamentales para prevenir nuevas tentativas de ruptura democrática. Además, el caso subraya la importancia de la justicia imparcial y de mecanismos claros para sancionar a quienes amenacen la estabilidad institucional.
En un país donde la polarización política ha sido constante, la condena de Castillo refuerza la idea de que la democracia requiere vigilancia activa y compromiso ciudadano, recordando que ningún líder está por encima de la ley.
Redacción: Express News UK
