La regularización de extranjeros en España marcará un hito histórico y un punto de inflexión en la actual legislatura y redefine la arquitectura social del país, el Consejo de Ministros ha aprobado este 27 de enero, el Real Decreto para la regularización extraordinaria de extranjeros. La medida, que impactará de forma directa en la vida de aproximadamente 500 mil personas, representa el mayor proceso de normalización administrativa en España en las últimas dos décadas.
Este fallo trascendental no solo responde a una necesidad de gestión demográfica, sino que se erige como un símbolo de resistencia política frente al auge de los discursos restrictivos en el continente europeo, devolviendo la visibilidad jurídica a una población que ya forma parte indisoluble de la estructura económica y social nacional.
Regularización de extranjeros en España: del vacío legal al arraigo
El nuevo marco normativo establece criterios específicos diseñados para garantizar que el proceso sea ordenado, ambicioso y justo. Los beneficiarios potenciales deberán acreditar de manera fehaciente que su residencia en territorio español se produjo antes del 31 de diciembre de 2025.
Uno de los puntos más innovadores y discutidos del decreto es la reducción del tiempo de permanencia exigido: bastará con demostrar cinco meses de estancia continuada para iniciar la solicitud, un cambio sustancial respecto a los plazos plurianuales de los cauces de arraigo ordinarios previos.
El proceso administrativo se abrirá oficialmente en mayo de 2026, otorgando un margen de maniobra a las oficinas de extranjería para evitar el colapso. Los solicitantes podrán presentar una amplia gama de pruebas documentales para certificar su presencia: desde el padrón municipal y citas en centros de salud, hasta contratos de alquiler, certificados de asistencia a recursos sociales o comprobantes de envíos de remesas.
Los ciudadanos que cumplan con estos requisitos y carezcan de antecedentes penales recibirán una autorización de residencia por un año. Al finalizar este periodo, podrán realizar la transición al régimen ordinario, integrándose plenamente en la Seguridad Social con todos los derechos y deberes que ello conlleva.
El triunfo de la coalición y la presión social
La aprobación de este decreto ley es el resultado de una compleja arquitectura de equilibrios en el seno del Gobierno. El papel de Podemos, con figuras como Ione Belarra e Irene Montero a la vanguardia, ha sido determinante para desplazar la posición del sector más ortodoxo del PSOE, que inicialmente abogaba por criterios más restrictivos.
La formación morada ha celebrado el anuncio como una «victoria de la humanidad sobre la burocracia», cumpliendo así con una de sus principales promesas de legislatura.
No obstante, el verdadero motor de este cambio reside en la sociedad civil. El decreto es, en esencia, la respuesta institucional a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, respaldada por más de 700 mil firmas, llevó el debate al Congreso de los Diputados.
Esta movilización transversal, apoyada por redes parroquiales, sindicatos y asociaciones vecinales, proporcionó al Ejecutivo la legitimidad política necesaria para acometer una regularización que la calle reclamaba no como una concesión, sino como un acto de justicia básica para quienes ya sostienen sectores clave del país.
«Esta regularización no es solo un trámite administrativo; es el reconocimiento de la dignidad de medio millón de personas que ya construían España desde la sombra. Es el paso definitivo de la exclusión a la ciudadanía por puro imperativo ético y democrático.»
Regularización de extranjeros en España y el debate del «efecto llamada»
Como era de esperar, el anuncio ha polarizado el tablero político. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), ha criticado con dureza la medida, calificándola de «irresponsabilidad masiva» y advirtiendo sobre un potencial «efecto llamada» que, según su visión, podría comprometer la seguridad de las fronteras y la capacidad de los servicios públicos. Sin embargo, desde las filas del Gobierno se insiste en que regularizar a quien ya reside en el país es la única forma de gestionar la inmigración con realismo.
Por su parte, las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos han recibido la noticia con una mezcla de euforia y cautela. Para estas organizaciones, la regularización es un acto de justicia económica. Recuerdan que miles de familias han vivido durante años en la precariedad extrema, trabajando sin protección legal y bajo el miedo constante a la expulsión, a pesar de estar plenamente integradas en sus comunidades.
España como excepción y referente europeo
Con este paso, España se desmarca de la tendencia restrictiva predominante en la Unión Europea, donde la externalización de fronteras y el endurecimiento de las leyes de extranjería ganan terreno. El Ejecutivo español apuesta por una vía de integración que prioriza la cohesión sobre la segregación. Al cerrar este capítulo de irregularidad administrativa, el país no solo ofrece un futuro a medio millón de familias, sino que se proyecta al mundo como un laboratorio de políticas migratorias basadas en el pragmatismo económico y el respeto innegociable a los derechos fundamentales.
Redacción: Express News UK
