Andrés Mountbatten-Windsor ha decidido pasar a la ofensiva legal. El hermano del rey Carlos III ha demandado formalmente a la policía británica para cuestionar la legalidad de los registros llevados a cabo en sus propiedades tras su detención vinculada al caso Jeffrey Epstein.
El movimiento representa un desafío judicial inédito en la historia moderna de la monarquía del Reino Unido. Según adelanta The Telegraph, el antiguo duque de York ha solicitado una revisión judicial que obligará a los tribunales a pronunciarse sobre la actuación de la Policía de Thames Valley.
Las órdenes de registro en el punto de mira
El foco del litigio se centra en los registros policiales practicados en su residencia de la finca de Sandringham y en su antigua casa de Royal Lodge, situada en el complejo de Windsor.
Aquellas entradas fueron autorizadas por un juez del histórico tribunal del Old Bailey a petición expresa de la Policía de Thames Valley. Los abogados de Andrés sostienen ahora que el procedimiento presentó irregularidades formales y sustanciales. Por ello, exigen que la Justicia dictamine si la actuación policial se ajustó estrictamente al marco legal vigente.
El equipo de defensa solicitó el permiso formal para la impugnación a principios de año. Un magistrado del Tribunal Superior dio luz verde a la iniciativa, abriendo las puertas a una disputa judicial de consecuencias impredecibles.
Un pulso judicial con precedentes históricos lejanos
El caso entra esta semana en una fase decisiva. Las partes están citadas a una vista a puerta cerrada en el Tribunal Superior de Londres, donde un juez analizará los argumentos de la defensa del expríncipe y de las fuerzas de seguridad.
Durante esta sesión privada, el magistrado deberá resolver además un punto de alto impacto público: la posible desclasificación de los documentos y actas judiciales acumulados en el expediente.
Para dimensionar el calado institucional del choque basta consultar las crónicas judiciales de Gran Bretaña. Fuentes jurídicas citadas por The Telegraph señalan que no existe un antecedente similar desde 1649, año en el que el rey Carlos I fue sometido al histórico juicio que terminó con su ejecución. Es la primera vez en casi cuatro siglos que un miembro en activo o retirado de la Casa Real británica cuestiona la validez legal de un proceso penal dirigido en su contra.
Doce horas de interrogatorio el día de su cumpleaños
Para reconstruir el origen de esta escalada hay que remontarse al pasado mes de febrero. Andrés fue arrestado el mismo día en que cumplía 66 años mientras se encontraba en Marsh Farm, su residencia en el condado de Norfolk.
El operativo policial lo trasladó de inmediato hasta la comisaría de Aylsham, situada a unos 65 kilómetros del lugar de la detención. Allí permaneció retenido durante cerca de 12 horas mientras respondía a un interrogatorio exhaustivo conducido por detectives especializados.
La investigación penal se instruye por la presunta comisión de un delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Esta figura jurídica del derecho británico penaliza el abuso deliberado de una posición oficial para la obtención de beneficios personales o de terceros.
El Tribunal Superior se prepara para determinar si las fuerzas del orden actuaron conforme a derecho o si traspasaron los límites legales en el registro de las estancias reales, en un proceso que mantendrá en vilo a las instituciones británicas durante los próximos meses.
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