Familias Multinacionales Planean Acciones Legales contra Nuevos Umbrales de Ingresos en el Reino Unido

Familias multinacionales en el Reino Unido consideran acciones legales ante la imposición de estrictos umbrales de ingresos que podrían resultar en divisiones familiares o exilio.

El gobierno anuncia que, a partir de la próxima primavera, solo se permitirá a quienes ganen £38,700 traer familiares, en contraste con los £18,600 solicitados en años pasados.

Reunite Families, una organización de apoyo, busca asesoramiento legal para impugnar estas medidas, consideradas «cruel e inhumanas». Ciudadanos británicos y sus seres queridos se enfrentan a la posibilidad de vivir separados o abandonar el país.

La nueva política, anunciada por el secretario del Interior James Cleverly, ha generado indignación y movilización comunitaria. Cientos de personas, principalmente en sectores con escasez de trabajadores, podrían tener que abandonar el Reino Unido para permanecer con sus parejas extranjeras.

La organización Reunite Families ha instruido al bufete de abogados Leigh Day para explorar vías legales, cuestionando la falta de información detallada proporcionada por el gobierno. La medida ha despertado preocupaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos y la creación de divisiones económicas en el país.

El gobierno defiende la política como una medida para frenar el abuso del sistema de inmigración, pero críticos, incluido el arzobispo de Canterbury y la oposición política, expresan preocupaciones sobre el impacto en relaciones familiares y matrimonios apresurados.

Un análisis muestra que la duplicación del umbral afectará negativamente a la mayoría de las personas en grandes partes del país, generando una nueva división norte-sur. La incertidumbre y la falta de detalles adicionales sobre la implementación de la política aumentan la inquietud entre las comunidades afectadas.

El Ministerio del Interior deja abierta la posibilidad de que incluso las familias existentes puedan ser afectadas al renovar sus visas. El Tribunal Supremo, en el pasado, ha cuestionado normas de visado gubernamentales, destacando la importancia de salvaguardar el bienestar de los niños en decisiones relacionadas con inmigración.

Las tensiones crecen mientras las familias afectadas buscan respuestas y soluciones ante un cambio de política que amenaza con separar a seres queridos y forzar a algunos al exilio.

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