El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reconocido este lunes la existencia de graves “fallas de previsión e inteligencia” por parte del Estado tras la jornada de violencia que sacudió al país el sábado 17 de octubre.
Pese a la tormenta política, el Palacio del Elíseo confirmó la decisión del mandatario de rechazar la dimisión presentada por el ministro del Interior, Laurent Nunez. “Dada la necesidad de mantener el liderazgo de las fuerzas del orden en este momento, el presidente la rechazó”, precisó la sede gubernamental mediante un comunicado oficial.
Violencia en las calles. Los datos del Ministerio del Interior reflejan la magnitud del colapso de orden público: casi 2.400 personas fueron arrestadas únicamente el sábado y cerca de 1.000 policías y gendarmes resultaron heridos en todo el territorio nacional.
Se calcula que unas 550.000 personas secundaron las protestas según el Gobierno, cifra que los organizadores, que buscaban reactivar el movimiento de los chalecos amarillos junto a sindicatos y colectivos estudiantiles, elevaron a 800.000 asistentes. Solo en la región parisina se registraron 855 detenciones, dejando a 557 sospechosos bajo custodia policial.
Los actos vandálicos dejaron estampas de extrema gravedad en varios puntos del país. En Limoges, un incendio provocado derrumbó el tejado y la torre del reloj del ayuntamiento, un edificio histórico del siglo XIX que quedó al borde de la destrucción total mientras empleados y ciudadanos permanecían en su interior.
En Marsella, enmascarados irrumpieron en el ayuntamiento para destrozar un busto de mármol de Marianne y atacaron una comisaría, mientras que en Burdeos grupos de jóvenes encapuchados saquearon comercios de lujo como Louis Vuitton y tiendas deportivas. En Lyon se registró además un fuego en una oficina de turismo.
La brutalidad de los choques dejó secuelas físicas irreversibles. La fiscalía de Mulhouse abrió una causa penal tras la amputación de un ojo sufrida por una estudiante de 17 años durante los disturbios, mientras que en Saint-Étienne se investiga la pérdida de una mano de otro joven manifestante. Ante semejante panorama, los alcaldes de París, Marsella y Lyon han exigido una reunión urgente con el primer ministro, Sébastien Lecornu.
Durante un mensaje televisado a la nación, Macron prometió mano dura contra los alborotadores. “Quienes saquearon deberán pagar por los daños, y quienes buscaron derrocar la República deberán rendir cuentas”, aseveró el jefe de Estado, diferenciando las “reivindicaciones legítimas” de los manifestantes pacíficos frente a la acción de “elementos insurreccionales de grupos radicales de extrema izquierda” y delincuentes comunes.
El estallido social reabre la fractura política a pocos meses de las elecciones presidenciales. Desde la oposición, Marine Le Pen tildó al gabinete centrista de “impotente”, mientras Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa) acusó al Ejecutivo de provocación, aunque desmarcó a sus bases de las acciones de pillaje.
Entretanto, el país enfrenta este clima de inestabilidad con un déficit público del 5,4% del PIB y unos costes de endeudamiento que superan a los de Grecia o Italia, dejando al Gobierno sin margen financiero para aplacar las calles mediante gasto público.
“Esta noche todos sentimos ira y vergüenza”, confesó Macron en su alocución, abriendo un periodo de incertidumbre máxima sobre la capacidad del Gobierno para impedir que el descontento vuelva a desbordar las principales metrópolis galas.
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