Tras la captura de Nicolás Maduro en enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez enfrenta el mayor reto de su gestión: una emergencia nacional provocada por un doble sismo que ha paralizado el proceso de transición democrática.
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Se cumplen seis meses desde aquel 3 de enero, cuando la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas y sus alrededores, transformó radicalmente el destino de Venezuela. Lo que comenzó como una etapa de reformas institucionales prometedoras, se ha visto eclipsado por una tragedia natural de proporciones históricas.
La catástrofe que frenó la transición
El país, que ya atravesaba una prolongada crisis política y social, fue golpeado recientemente por un doble terremoto que ha dejado un saldo devastador: al menos 2.595 personas fallecidas y más de 12.000 heridos. El estado de La Guaira, al norte del país, ha sido el más afectado, registrándose el colapso de numerosos edificios y dejando a más de 12.800 personas sin hogar.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que los daños físicos ascienden a 6.700 millones de dólares, lo que representa cerca del 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Esta emergencia ha puesto en suspenso el ambicioso plan de la Administración de Donald Trump para Venezuela, cuya segunda fase, la recuperación, ha pasado de ser un proyecto económico a una necesidad humanitaria urgente.
Reformas bajo la lupa de Washington
Durante el primer semestre del año, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, había liderado un proceso de apertura económica que incluía la desarticulación del gabinete chavista original, la renovación del mando militar y la invitación a inversiones extranjeras en sectores clave como el petrolero, minero y eléctrico. Además, se impulsó una política de excarcelación de presos políticos y la reforma del sistema de justicia penal.
Justo antes de los sismos, Estados Unidos había avanzado hacia la fase final de su plan: la transición. El envío a Caracas de la opositora Dinorah Figuera para entablar conversaciones con el chavismo, representado por Jorge Rodríguez, buscaba la conformación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) transparente, dejando fuera del primer plano a la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
Incertidumbre constitucional
Este 4 de julio marca el vencimiento del plazo de 180 días de interinato establecido bajo el marco constitucional ante la ausencia del mandatario. Aunque el Parlamento, controlado por el chavismo, debe decidir si declara una “falta absoluta”, el escenario jurídico sigue siendo complejo. El Supremo venezolano calificó previamente la ausencia de Maduro como una “situación excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista”, permitiendo a Rodríguez asumir el Ejecutivo sin definir de fondo la naturaleza de la falta presidencial.
Apertura humanitaria y el futuro incierto
La magnitud de la tragedia ha forzado una apertura sin precedentes de Venezuela hacia el mundo. Países que mantenían posturas críticas hacia el Gobierno chavista, como Chile, Argentina, El Salvador, Ecuador, Panamá y hasta Israel, han enviado brigadas de rescate y ayuda humanitaria.
La Administración Trump ha ratificado su compromiso de apoyar a los damnificados. Mientras tanto, la atención de la comunidad internacional y del propio Gobierno se mantiene centrada en la búsqueda de soluciones para las miles de familias desplazadas. El futuro político de Venezuela, antes incierto, se encuentra hoy en un punto de inflexión donde la reconstrucción física y social del país ha desplazado a cualquier otra agenda electoral.
