Reino Unido evalúa legalidad de enviar solicitantes de asilo a Ruanda
La Corte Suprema del Reino Unido inicia tres días de deliberaciones para determinar si es legal que el gobierno británico envíe a solicitantes de asilo a Ruanda. Estos envíos forman parte de la polémica política del gobierno de Rishi Sunak para disuadir a inmigrantes ilegales a realizar los cruces de embarcaciones endebles por el canal de la Mancha para ingresar al territorio británico. Medida que es considerada por una violación de la norma internacional sobre derechos humanos.
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El caso de la Corte Suprema del Reino Unido considerará el destino del controvertido plan del gobierno de enviar algunos solicitantes de asilo a Ruanda. Los analistas aseguran que el resultado de la deliberación judicial está lejos de ser seguro, y la historia completa es mucho más compleja de lo que sugieren los titulares.
El Reino Unido es miembro de la Convención sobre Refugiados, la ley internacional que dice que considerará los casos de personas que lleguen al país en busca de asilo.
Es muy difícil solicitar asilo en el Reino Unido, por eso la gente llega cada vez más con la ayuda de contrabandistas.
El gobierno dice que estas personas que podrían haber solicitado asilo en Francia o en cualquier otro lugar de la Unión Europea, no deberían venir al Reino Unido en absoluto.
Entonces, en abril del año pasado, el gobierno conservador del entonces primer ministro Boris Johnson llegó a un acuerdo con Ruanda en el que la nación africana acordó quitar a algunos de estos solicitantes de asilo de las manos del Reino Unido. Hasta ahora se le han pagado 140 millones de libras esterlinas para hacerlo, y no está del todo claro cuántos se necesitarían, incluso si el plan llega a funcionar.
En 2022, la entonces ministra del Interior, Priti Patel, ordenó que 47 inmigrantes que cruzaran el Canal de la Mancha pudieran ser embarcados en el primer vuelo. Esa cifra se redujo a sólo siete en la fecha prevista de salida del 14 de junio. Diez solicitantes de asilo pidieron a la corte británica revisar sus casos individuales, argumentando que Ruanda no es un país seguro.
Mientras preparaban el avión, un juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo bloqueó el despegue, alegando que se debía dar tiempo a los jueces británicos para evaluar plenamente la política, y eso es lo que ha estado sucediendo desde entonces.
Pero ahora la tarea principal del Tribunal Supremo es considerar quién tiene razón sobre los criterios legales para evaluar el sistema de asilo de Ruanda y el riesgo de tortura.
Si el Tribunal Supremo está de acuerdo con el Tribunal de Apelaciones, entonces el plan para Ruanda, en su forma actual, está muerto.
Tal sentencia podría, en circunstancias específicas, tener implicaciones para cualquier acuerdo alternativo posterior para enviar personas a diferentes países.
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¿Pero qué pasa si gana el gobierno?
En teoría, los ministros necesitan sólo 12 días de aviso para enviar un vuelo a Ruanda. En la práctica, podría llevar más tiempo, mucho más.