Cuarenta millones de dólares dictaminados en un proceso de arbitraje privado acaban de golpear la línea de flotación de Uber en California. El tribunal ha derribado el histórico escudo corporativo de la compañía: alegar que sus conductores son simples contratistas independientes para eludir la responsabilidad penal y civil por lo que ocurre dentro de sus trayectos.
La resolución del juez jubilado Richard Stone, revelada por el bufete Panish, Shea, Ravipudi, pone fin a la batalla iniciada por la muerte de Emily Normandin-Parker, graduada de la UCLA de 23 años. El 12 de agosto de 2023, la joven subió a un vehículo reservado desde la aplicación. Viajaba junto a una amiga.
Ante un episodio de mareo e indigestión de su acompañante, el chofer Vu Tran orilló el automóvil en una bifurcación no permitida de la autopista y las obligó a descender. Segundos después, un vehículo arrolló fatalmente a Normandin-Parker.
El comportamiento posterior del conductor resultó determinante para fijar el fallo arbitral. Tran, quien acumulaba cerca de 6.000 trayectos finalizados con una nota media de 4,9, se retiró a un lugar apartado sin alertar a las emergencias.
No llamó al 911. Su prioridad fue llamar al centro de soporte de la aplicación para exigir la aplicación de una tarifa adicional por limpieza de la tapicería. El árbitro Stone enfatizó esa conducta en el dictamen: el conductor demostró mayor interés por el estado de su vehículo recién adquirido que por la integridad física de las pasajeras a las que abandonó a su suerte.
El fallo asigna 20 millones de dólares al padre de la víctima y una cifra idéntica a su esposo, Ken Parker. La familia había rechazado con anterioridad una propuesta privada de la compañía por 10 millones de dólares que incluyes cláusulas de confidencialidad para silenciar el hecho. Los recursos obtenidos financiarán una fundación creada para promover exigencias de seguridad vial en el transporte privado.
Para los gigantes del sector tecnológico, la resolución supone un precedente peligroso. El modelo de negocio se sostiene al operar como intermediarios digitales y no como patronos de transporte. Bajo ese esquema, retienen entre el 20% y el 30% del valor del viaje mientras el conductor asume la compra del automóvil, la póliza de seguro y los costes operacionales. Cuando surgen contingencias graves, las empresas apelan sistemáticamente a la desconexión jurídica con sus colaboradores externos.
Uber reaccionó manifestando su rechazo a la atribución de responsabilidad legal decidida por el arbitraje. La firma insiste en que ha implementado nuevas normativas y herramientas en su sistema para impedir paradas en puntos vulnerables. Sin embargo, la brecha jurisprudencial ya está abierta en los juzgados norteamericanos.
“No queríamos dinero. Solo queríamos que Uber hiciera lo que dice que va a hacer, que es traerla de vuelta a casa sana y salva”, sentenció la familia al diario Los Angeles Times tras conocerse la condena. La pregunta que flota ahora en el sector informático es si este fallo dinamitará la arquitectura contractual que sostiene a las plataformas de la economía gig global.
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