El suelo tembló con violencia y destruyó vidas en cuestión de segundos en Colombia. Transcurrido un mes del demoledor terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio colombiano, el país enfrenta una crisis humanitaria de proporciones gigantescas. Las heridas siguen abiertas. La magnitud de la tragedia se mide en datos que no dejan de crecer a medida que las cuadrillas de rescate despejan las toneladas de escombros que sepultaron barrios enteros.
El epicentro de la sacudida se localizó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Desde ese punto ciego de la geografía nacional, la onda sísmica fracturó la infraestructura de casi medio país. Cali y Pereira fueron las ciudades más afectadas por el terremoto más fuerte de este siglo en Colombia. El último reporte oficial fija una cifra estremecedora: 16 departamentos y 498 municipios sufrieron el impacto directo del sismo.
El balance de víctimas mortales alcanza las 331 personas fallecidas. Los equipos médicos atienden todavía a 4.505 heridos, muchos de ellos con lesiones graves de por vida.
En medio del dolor, las esperanzas se desvanecen para las familias de las 111 personas que continúan registradas como desaparecidas entre las ruinas. Como contrapunto a la tragedia, los servicios de socorro lograron rescatar con vida a 364 personas durante las intensas maniobras desplegadas inmediatamente después del colapso.
El impacto social es demoledor. En total, 296.738 familias y 466.709 personas padecen las consecuencias directas de la pérdida de sus hogares, enseres y medios de subsistencia. La destrucción de carreteras y puentes dificulta la llegada de víveres y agua potable a los poblados más alejados del Chocó y regiones colindantes, donde miles de damnificados duermen en refugios improvisados a la intemperie.
Las autoridades nacionales y los organismos de socorro concentran ahora sus esfuerzos en mantener la asistencia humanitaria de emergencia mientras trazan el plan de reconstrucción de las zonas arrasadas.
Sin embargo, la lentitud en la llegada de la ayuda estatal a los municipios más aislados mantiene en vilo a las comunidades locales, que se preguntan cuánto tiempo más deberán subsistir bajo lonas plásticas antes de poder levantar nuevamente sus viviendas sobre las ruinas.
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