La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha expresado un contundente rechazo ante la nueva reforma del sistema de inmigración aprobada esta semana por el Gobierno del Reino Unido. Según declaró el organismo a The Guardian, las severas directrices fijadas por el Ministerio del Interior podrían obligar a determinados refugiados a esperar hasta 30 años para obtener el permiso de residencia permanente (indefinite leave to remain, ILR).
La agencia internacional advierte de que el incremento punitivo en los plazos socavará la estabilidad, la seguridad y la integración de personas que no emigran por motivos económicos, sino que huyen del horror de las guerras o la persecución política.
La controversia estalla tras la presentación de la estrategia marco este lunes 2 de noviembre de 2026 por parte de la ministra del Interior, Shabana Mahmood. Aunque el plan gubernamental eleva de forma general a diez años el periodo exigido para solicitar el asentamiento definitivo en suelo británico, el diseño específico para quienes buscan asilo establece una escala de penalizaciones ligada al método de llegada.
La normativa contempla una excepción para los cuidadores del sistema de salud, a quienes se les permitirá pedir la residencia tras cinco años, pero endurece drásticamente las condiciones para las entradas irregulares.
Un sistema de penalizaciones escalonado por la vía de entrada
El esquema del Ministerio del Interior dibuja un camino lleno de obstáculos para quienes buscan protección internacional en territorio británico:
- Vías legales autorizadas: las personas que accedan a través de los escasos programas oficiales aprobados por el Ministerio del Interior podrán solicitar la residencia permanente a los cinco años.
- Otras vías de acceso: quienes ingresen por cauces no específicos deberán esperar un mínimo de 20 años, periodo que podrá reducirse a 10 años si el solicitante se incorpora activamente al mercado laboral o al sistema educativo.
- Llegadas en lanchas o vehículos: aquellos refugiados que crucen el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones o ingresen ocultos en camiones sufrirán un castigo añadido de 10 años, lo que elevará el horizonte de espera hasta los 30 años.
“El derecho a asentarse es uno de los más valiosos que este país puede ofrecer. A partir de hoy, debe ganarse”, sostuvo Mahmood durante la defensa parlamentaria del proyecto, manteniendo el núcleo de las duras medidas restrictivas redactadas por su departamento el año pasado.
Críticas del sector humanitario y calendario de aplicación
La reacción de ACNUR remarca que la acumulación de permisos a corto plazo y las trabas introducidas en los últimos años terminarán por impedir que una abrumadora mayoría de refugiados acceda jamás a la ciudadanía británica.
La agencia de la ONU recordó que las vías legales de entrada han sido reducidas drásticamente por la propia administración, dejando a un porcentaje mínimo de solicitantes de asilo la posibilidad real de recurrir a rutas seguras. Por su parte, la directora de políticas de la Helen Bamber Foundation, Kamena Dorling, tildó la reforma de “simplemente inhumana” al castigar a víctimas de trata y tortura.
El nuevo marco normativo sobre la residencia permanente no entrará en vigor de inmediato. Las modificaciones se irán incorporando a las reglas de inmigración a partir de diciembre de 2026 y se aplicarán de forma gradual a lo largo de 2027, manteniéndose vigentes entretanto los criterios actuales.
La reforma, asimismo, deja fuera de su alcance al EU Settlement Scheme, por lo que el estatus de los ciudadanos europeos asentados antes del Brexit se mantendrá intacto.
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