Advierten que el pacto policial de UK con la Unión Europea está en riesgo por las leyes de migración.

Advierten que el pacto policial del Reino Unido con la Unión Europea,  suscrito luego de que se completara el brexit, está en riesgo por las leyes de migración. La alarma la prendió el comité de Justicia y Asuntos del Ministerio del Interior de la Cámara de los Lores, ante la preocupación de que la nueva Ley Migración Ilegal ponga en peligro el intercambio con de información de ADN, huellas dactilares y antecedentes penales con el bloque europeo.

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Lady Hamwee, presidenta del comité de justicia y asuntos del Ministerio del Interior de los Lores, advitió a la secretaria del Interior, Suella Braverman, sobre la preocupación de los miembros de la cámara alta del Parlamento por la implementación de la nueva legislación de migración ilegal, junto con las nuevas leyes de datos. Según el comité esta nueva normativa conocida también como la Ley Anti asilo podrían conducir a la «terminación y/o suspensión» de los elementos de cooperación de seguridad del acuerdo comercial Brexit.

Se teme que la introducción de nuevas leyes de migración pueda conducir a un incumplimiento de las obligaciones del Reino Unido en virtud de la Convención Europea de Derechos Humanos (TEDH), que sustenta el Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA).

En virtud del acuerdo, cualquiera de las partes puede suspender o rescindir los acuerdos de seguridad contenidos en la parte 3 del Acuerdo de Comercio y Cooperación si la otra parte ignora la Convención Europea de Derechos Humanos.

«El comité está particularmente preocupado por las disposiciones relativas a la terminación y suspensión de la tercera parte del acuerdo de cooperación. En ciertos escenarios, incluido el Reino Unido que denuncia la convención europea de derechos humanos o es deficiente en la protección nacional de los derechos que contiene, la tercera parte del Acuerdo de Comercio y Cooperación puede terminarse inmediatamente y/o suspenderse (en su totalidad o en parte)», escribieron los lores.

La advertencia tiene eco de la posición en la que se encontró el Reino Unido cuando amenazó con anular parte del acuerdo de retirada del Brexit con el proyecto de ley del protocolo de Irlanda del Norte. Esto hundió las relaciones entre Bruselas y Londres a un nuevo mínimo y la UE estaba lista para cancelar el acuerdo comercial si el Reino Unido avanzaba con la legislación.

El proyecto de ley, que se convirtió en ley el 20 de julio, ha sido ampliamente criticado por ser incompatible con las obligaciones del Reino Unido en virtud de una serie de convenciones internacionales, incluido la Convención Europea de Derechos Humanos. A principios de este año, la comisionada de asuntos de interior de la UE, Ylva Johansson, le dijo a Braverman que consideraba que el proyecto de ley estaba «violando el derecho internacional».

Una de las principales quejas es que los refugiados que llegan al Reino Unido en botes pequeños serían detenidos y potencialmente enviados a Ruanda y se les negaría su derecho legítimo a cualquier tipo de evaluación legal sobre una posible solicitud de asilo.

Según los expertos, la suspensión o terminación del capítulo de justicia en el acuerdo comercial tendría consecuencias significativas para el delito policial en el Reino Unido.

«La ley de migración ilegal promulga varias disposiciones que, de aplicarse, conducirían a una violación de los derechos de la Convención Europea de Derechos Humanos de una persona, y la consecuencia no deseada de esto puede ser que la capacidad del Reino Unido para luchar contra la delincuencia transfronteriza se vea gravemente obstaculizada».

Con tanta actividad delictiva que ahora es una empresa internacional, mantener el acceso a las bases de datos de huellas dactilares, ADN y antecedentes penales de la UE fue fundamental para la búsqueda de la justicia, se advierte.

Si otros países de la UE sintieran que los derechos de un sospechoso no estarían protegidos, los intentos de extraditar a los fugitivos de vuelta al Reino Unido también podrían estar en riesgo.

En una entrada de blog conjunta con Elspeth Guild, abogada y académica de la migración, dijo que sería «difícil para las instituciones de la UE no darse cuenta» de las nuevas leyes.

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«Teniendo en cuenta el nivel de crítica de la ley tanto dentro del Reino Unido, en el Consejo de Europa como por parte de las agencias de la ONU, parece poco probable que la UE no se encuentre llamada a utilizar sus poderes bajo el Acuerdo de Comercio y Cooperación para suspender la cooperación en materia de seguridad a la luz de este nuevo desarrollo», escribieron.