Giro imprevisto en los Tribunales Reales de Justicia. Las órdenes de registro que permitieron a los agentes allanar la vivienda de Andrew Mountbatten-Windsor a principios de este año han sido declaradas “ilegales”. Tanto la defensa del ex duque de York como la propia policía de Thames Valley coincidieron en la improcedencia legal de los mandamientos emitidos.
El magistrado Hilliard, juez del Tribunal Superior, dictaminó este jueves la anulación de los permisos que autorizaron la entrada policial en Wood Farm, su residencia temporal en Sandringham, y en Royal Lodge, el palacio donde residió durante más de dos décadas.
Sin embargo, la justicia matizó de inmediato el alcance del fallo. El juez Hilliard remarcó que esta decisión “no pone fin a una investigación ni significa que toda la investigación haya sido ilegal”.
Detención en su 66 cumpleaños
El trasfondo penal permanece intacto. Andrew fue arrestado el mismo día de su 66 cumpleaños, cercado por las sospechas de haber compartido información confidencial con el magnate fallecido Jeffrey Epstein. Las pesquisas policiales se extendieron posteriormente a posibles acusaciones de conducta sexual inapropiada, cargos que el hermano del monarca ha negado categóricamente desde el primer momento.
Un portavoz de la policía de Thames Valley confirmó la resolución judicial y admitió el error procesal de origen.
“Aceptamos la postura de que la decisión inicial del tribunal de emitir órdenes judiciales en virtud de la legislación específica utilizada fue incorrecta y, por lo tanto, estas deben ser anuladas legalmente”, argumentó la institución en un comunicado público.
La fuerza policial insistió en que proporcionó la documentación requerida al juzgado y matizó que el acuerdo alcanzado responde a la base legal del procedimiento, sin suponer un pronunciamiento sobre el fondo del caso.
En el aire las pruebas incautadas
La batalla se traslada ahora al destino de los indicios recabados. Los juzgados tramitan los procedimientos para determinar si las autoridades pueden retener legalmente el material incautado durante los registros anulados para respaldar las averiguaciones en curso.
El ex príncipe afronta este choque procesal sin el respaldo patrimonial de la corona. Aunque el rey despojó a su hermano de sus títulos tras estallar el escándalo, le mantenía una asignación económica privada. No obstante, el entorno real le notificó con firmeza que esos fondos no estaban destinados a sufragar su disputa legal contra la policía.
Las pesquisas por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público continúan abiertas. La policía guarda silencio sobre los próximos pasos, amparada en el estricto secreto de los trámites en marcha, mientras la defensa intenta inutilizar el material requisado en sus viviendas.
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