La ciudad autónoma de Ceuta intenta recuperar de forma progresiva la normalidad institucional y social tras el devastador impacto de la incursión masiva registrada el pasado 30 de julio a través del espigón del Tarajal.
Mientras la Audiencia Nacional ha solicitado un informe policial para esclarecer si el suceso responde a una acción dirigida por algún grupo criminal, el balance humano continúa agravándose de manera dramática con el paso de los días.
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Aumento trágico de víctimas mortales
El Ejecutivo de la Ciudad Autónoma, presidido por Juan Jesús Vivas, ha elevado este lunes a 88 la cifra oficial de personas fallecidas localizadas en las inmediaciones del espigón fronterizo. La gran mayoría de los cuerpos rescatados, que han sido trasladados de forma provisional a las dependencias del antiguo Hospital Militar, presentan signos compatibles con la muerte por ahogamiento.
En paralelo, las estimaciones locales señalan que aún permanecen en la ciudad entre 3.000 y 5.000 migrantes, evidenciando que el municipio se encuentra lejos de haber retornado a su situación habitual.
Cabe destacar que, mientras las autoridades españolas estimaron una llegada global superior a los 50.000 migrantes, el Gobierno marroquí rebaja provisionalmente dicha cifra a unas 40.000 personas en Ceuta y otras 1.135 en Melilla.
La postura oficial de Rabat
En su primera valoración pública sobre la incursión, el Gobierno de Marruecos emitió un comunicado oficial en el que achaca la crisis a una compleja combinación de factores.
Entre los motivos señalados destacan la explotación del espacio digital, la difusión de información engañosa que creaba la ilusión de un acceso fácil a Europa, la actuación directa de bandas de trata de personas y los malentendidos derivados de una sentencia del Tribunal Supremo español vinculada a las fronteras.
Asimismo, el Ejecutivo marroquí admitió oficialmente el fallecimiento de al menos 11 personas en sus propias costas durante las jornadas de avalancha. Pese a la magnitud de la crisis diplomática y humanitaria, Rabat quiso reafirmar su compromiso internacional, asegurando que continuará operando como un “socio fiable y responsable” enfocado en fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra la inmigración irregular y las mafias que operan en el norte de África.
