El presidente Daniel Noboa ha decretado un nuevo estado de excepción en Ecuador por “grave conmoción interna”, una medida que abarca diez provincias y tres municipios durante los próximos sesenta días.
Tan solo dieciséis días después de que finalizara la última vigencia, el Gobierno ecuatoriano ha retomado esta estrategia excepcional para combatir la criminalidad.
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La medida, que entró en vigor este martes, afecta a las provincias de Pichincha (cuya capital es Quito), Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. Asimismo, se han incluido los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
Facultades extraordinarias para las fuerzas de seguridad
El decreto otorga a las fuerzas de seguridad competencias para intervenir en estos territorios con el objetivo de restablecer el orden público y proteger la seguridad ciudadana.
De manera destacada, la norma suspende la inviolabilidad del domicilio, lo que habilita a los agentes a ingresar en viviendas privadas si existen sospechas de actividades ilícitas en su interior.
Por estos días, es evidente la presencia de las fuerzas de seguridad en puntos estratégicos del país como respuesta directa del Estado ante la crisis de violencia que atraviesa la nación.
Conflicto armado interno
Esta acción responde a la política de “conflicto armado interno” instaurada por Noboa en enero de 2024, desde la cual se han sucedido diversos estados de excepción y toques de queda nocturnos. El presidente había anticipado esta posibilidad en mayo, tras concluir la emergencia anterior el 1 de junio, señalando que cualquier operación especial futura requeriría una nueva declaratoria de esta naturaleza.
A pesar de estas medidas recurrentes y de la catalogación de las bandas criminales como “terroristas”, Ecuador cerró el año 2025 con un récord alarmante de cerca de 9.300 homicidios. Esta cifra sitúa al país andino a la cabeza de Latinoamérica en índices de violencia homicida, consolidando un desafío de seguridad que persiste a pesar de los esfuerzos gubernamentales.
