El caso Fujimori y la doble moral, columna de opinión

Al mismo tiempo que en el Perú se puede liberar al exdictador Alberto Fujimori, sus partidarios quieren deponer al Presidente Pedro Castillo. Al margen de lo que opinemos sobre ambos líderes y sobre los procesos que ellos confrontan, hay algo que no se puede dejar pasar. Este es el de la extrema doble moral del fujimorismo.


El lunes 28 de marzo, congresistas que votaron por Keiko Fujimori quieren que asista el actual mandatario constitucional para sacarlo de palacio. Se trata de la segunda moción de vacancia en solo 8 meses que lleva este Presidente y la séptima que ellos hayan impulsado en el último quinquenio.


Keiko ha sido la única soltera de 19 años de edad que ha llegado a ser primera dama durante 3 periodos consecutivos en la historia de cualquier democracia multi-partidaria del planeta. Ella reemplazó a su madre sabiendo que a Susana Higushi la apresaron, torturaron y electrocutaron. Su padre hace 30 abriles fue el último gobernante en haber intervenido militarmente los poderes legislativo y judicial, es responsable de la muerte de miles de sus compatriotas, promovió escuadrones de la muerte y el terrorismo de Estado, ejecutó la esterilización forzosa de cientos de miles de mujeres y robó miles de millones de dólares a todos los peruanos.

CORRUPCIÓN

Los fujimoristas quieren sacar a Castillo acusándolo de ladrón, pero parece que ellos creen que todos son de su misma condición. Al actual mandatario le quieren encontrar pajas en su ojo, sin ver las vigas que allí ellos mismos tienen. Desde que se restableció la democracia civil en 1980, nunca ha habido un régimen tan mafioso y delincuencial como el fujimorista.


Es cierto que a Bruno Pacheco, el exsecretario de la Presidencia de Castillo, se le encontró $ US 20,000 en el baño y que hay evidencias que permiten suponer que tanto él, como otros allegados al actual mandatario, han incurrido en manejos ilícitos. Hay 3 sobrinos del Presidente a los cuales la fiscalía ha demandado el impedimento de salida del país. Hay varias denuncias acerca de que se pueden haber dado negociados en Zarratea y otros lugares. Empero, Castillo puede reclamar que él no ha robado nada. Más bien, él pide que si se le encuentra que él haya hurtado un solo sol, se le imponga la cadena perpetua.


Los mismos fujimoristas que piden sacar a Castillo, son aquellos que defienden que se libere a quien se ha comprobado que se ha apropiado de fortunas, que se le ha encontrado droga en el avión presidencial y cuya mano derecha (Vladimiro Montesinos) ha aparecido en videos entregando billetes a varios de los líderes de la derecha criolla.

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Patricia Chirinos, la congresista que fundamentó la primera vacancia presidencial, ha sido la dama más importante de Chimpún Callao, el único partido peruano que ha liderado ininterrumpidamente una alcaldía importante durante 22 años y cuyos 3 burgomaestres han terminado en la cárcel acusados de robo. La fiscalía ha declarado a dicho movimiento, así como a Fuerza Popular (el principal puntal de los vacadores) como «organización criminal». Patricia Juárez, la jefa de la comisión que cambia la constitución, fue la teniente alcaldesa de Luis Castañeda Lossio, quien pasó 2 años arrestado por malversación de fondos.

DICTADURA

Las 3 bancadas ultraderechistas (FP, AvP y RP) se autodenominan como «bloque democrático», cuando en los hechos son todo lo contrario. Estas patrocinaron cuartelazos contra la única plancha presidencial (que nos guste o no) superó los 8,8 millones de votos no solo en la historia del Perú, sino en cualquiera de las 12 repúblicas de la cuenca del Pacífico, al sur de México. Luego han venido cambiando ilegalmente a la constitución para eliminar el equilibrio de poderes, y ahora pretenden un nuevo golpe parlamentario (peor que el del 9 de noviembre del 2020).
El autor de la actual moción de vacancia presidencial es el almirante (r) Jorge Montoya, quien fue un hombre de Vladimiro Montesinos, firmó junto al exdictador Francisco Morales Bermúdez (a quien la Corte Suprema de Italia ha condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad) una carta llamando a los militares a impedir el ascenso de quien ganó el balotaje del 6 de junio del 2021, y ahora abiertamente dice que, de prosperar su propuesta esta se va a imponer con «sangre y muertos».


El «bloque democrático» pide que el poder pase de manos del hombre más votado en la historia nacional al Parlamento más impopular del mundo. Cuando este Congreso cumplió su séptimo mes, apareció un sondeo del IEP (la encuestadora más seria del país) donde se evidenciaba que el 82% le repudian y únicamente el 14% le apoya. Esto es un caso inaudito dentro de los alrededor de 200 parlamentos que hay en el mundo. Ninguno de ellos es apenas apoyado por 1 de cada 7 electores suyos, y todo eso cuando aún le estaba faltando 53 meses para completar su mandato.


Maricarmen Alva, quien sueña con ser la Presidenta (y por eso, entre otras cosas, no se ha pronunciado sobre le caso Fujimori), apenas sacó 25,000 votos (350 veces menos que Castillo) y quedó en el puesto 25 de Lima (incluso por debajo de 4 candidatos que no llegaron a posesionarse). Ella quedó en el último lugar en la capital dentro de la lista de su partido AP (y tal vez no hubiera entrado al Congreso si es que ella y Barrenechea hubieran quedado como la plancha presidencial del belaundismo).


Una eventual vacancia presidencial, no solamente produciría más muertos ahora que en la que se dio en el 2020, tal como ha confesado el propio Montoya, sino que devendría en una «dictadura de derecha». Esto último es lo que reclama la hija de Vitocho García Belaúnde, el líder de la fracción derechista de AP (donde está Alva), quien ha sido uno de los patrocinadores de la tan poco concurrida marcha por la vacancia del domingo 20 de marzo. Pese a tener su propio canal de TV, los golpistas impulsados por Erasmo Wong nunca han pasado de movilizar algunos cientos en las calles, algunos con dádivas y otros bajo grupos facsistoides de choque. La cabeza de la lista presidencial de dicha ala (y de la plancha donde estaba Alva) es Alfredo Barrenechea, quien fue donde los generales a pedirles que hagan un golpe y un gobierno cívico militar para impedir que asuma Castillo.

GUZMÁN

Cuando el 11 de septiembre pasado falleció Abimael Guzmán, todos los que hoy demandan la inmediata liberación de Fujimori lograron imponerle a Castillo que sus restos no fueran entregados a su esposa (ni que ella pudiera verlos) y que fueran incinerados y dispersados por el mar. Esta pena de post-muerte es algo que no se ha dado en ninguna otra democracia multipartidaria occidental.


Abimael Guzmán ha sido 4 años mayor que Fujimori y ha estado en confinamiento solitario durante 29 años (el doble de tiempo que Fujimori está preso, aunque en condiciones carcelarias mucho mejores). Mientras que al jefe del terrorismo maoísta lo condenaron a una «caja de fósforos» con pocos metros cuadrados, sin acceso al sol, a visitas y a ver a su esposa (esta no pudo visitarlo en su último bienio de vida, ni siquiera para reconocer o enterrar su cadáver), el jefe del terrorismo de Estado vive en la cárcel más lujosa del país. En el penal Barbadillo él está en un departamento con más lujos que los que lo tienen la mayoría de los peruanos (incluso de los que viven en el exterior), pues este tiene cuarto para él, para las visitas, baño y cocina, un gran jardín, TV, libros, una enfermera disponible las 24 horas y puede recibir las visitas que quiera.


Cuando Guzmán falleció, los fujimoristas se regocijaban y pedían venganza sobre sus restos, afirmando que él ha sido el «mayor genocida de nuestra historia». Esto es una afronta a los descendientes de los incas y otras civilizaciones peruanas, pues más del 95% de sus ancestros fueron aniquilados durante el mayor genocidio de la historia universal (el de los conquistadores europeos de las Américas).


En cambio, los fujimoristas no quieren aceptar que su líder fue otro «genocida» o en el menor de los casos, una persona que asesinó ilegalmente a varios de sus compatriotas. Fujimori jamás ha pedido disculpas de sus actos, ni violaciones a los derechos humanos, ni perdón a sus víctimas. No ha pagado ni un centavo de los más de 50 millones de soles que debe en reparación civil, ni quiere decir dónde ha escondido los miles de millones de dólares que hurtó al país (y con los cuales sigue financiando sus casos legales y las campañas electorales de su movimiento).


En su momento nos pronunciamos por el derecho de todas las personas que mueren (incluso en la cárcel) a que sus cuerpos sean entregados a sus seres queridos (algo que debió darse ante Guzmán y que debiera darse en caso de que lo mismo ocurra con Fujimori), así como por un trato más humanitario a todos los presos.


Hay quienes quieren que se le aplique la compasión a Fujimori y otros que quieren que él cumpla toda su condena. Una cosa es que un Gobierno constitucional examine la condición de salud de un preso y resuelva que deba otorgársele un indulto humanitario y otra es que un Tribunal Constitucional fujimorista haya abusado de su poder para haber sentenciado en contra de las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


El nuevo Presidente del TC, Augusto Ferrero, fue en 2011 el último candidato a la vicepresidencia de la república que tuvo Cambio 90, el partido que fundó Fujimori y con el que impuso su autogolpe y dictadura. Una persona que fue funcionario de la autocracia, que llegó al TC tras haberse reunido con Keiko para negociar sus votos en el Congreso y que es la persona viva más importante de la última plancha presidencial conjunta que tuvieron Cambio 90, el actual partido de Rafael López Aliaga y Montoya, Patricia Juárez y los Acuña, debió haberse inhibido de votar o de inclinar su voto dirimente en dirección de su exlíder.


Todo indica que a 30 años del 5 de abril el Perú tiene un TC y un Congreso al servicio del fujimorismo. Este movimiento siempre va a hacer todo lo posible por defender a sus allegados (por más corruptos o asesinos que sean), mientras que siempre va a buscar tumbarse a cualquier Gobierno que no controlen (aunque este mantenga sus mismas políticas económicas, como pasó con PPK y Vizcarra).

Isaac Bigio
Politólogo economista e historiador con grados y postgrados en la London School of Economics & Political Sciences.

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