El Mando Unificado para la gestión de crisis en Ceuta, liderado por el ministro Ángel Víctor Torres, comienza a consolidar el restablecimiento de la normalidad en el norte de África mediante el cumplimiento riguroso de las leyes europeas del Pacto de Migraciones y Asilo y la atención especializada a menores no acompañados. Sin embargo, la presión migratoria no da tregua.
Un nuevo repunte en la ruta atlántica ha golpeado con fuerza la costa canaria, concentrando su impacto más despiadado en el puerto de La Restinga, en El Hierro, y desbordando por completo la capacidad de los recursos sanitarios y humanitarios de la isla.
El escenario no admite eufemismos. La Restinga, enclave principal de la isla más occidental, pequeña y menos poblada de entre las que cuentan con un Cabildo Insular, se ha convertido en el destino forzado de dramáticos rescates en alta mar donde, demasiado a menudo, se lamenta la pérdida de vidas humanas.
Pese al carácter crítico de la situación, el debate público se ve salpicado de forma recurrente por la desabrida demagogia de quienes sostienen que “cerrar las fronteras” actuaría como un “ciérrate, Sésamo” de eficacia casi mágica para frenar cualquier flujo procedente de la cornisa africana.
Resulta insoportable la insensatez de negar la solidaridad con un punto de acogida colapsado, mostrando un cruel rechazo hacia quienes salvan la vida tras haberla arriesgado en el intento.
Las falsas soluciones de la barrera marítima
Frente a la complejidad del fenómeno, se multiplican las ocurrencias efectistas que resultan antijurídicas e inviables en la práctica. Postular el “cierre de la frontera en el mar” equivale a rechazar a las personas en plena travesía, lo que supondría renunciar a su rescate y violar abiertamente las normas elementales del Derecho Internacional marítimo y humanitario.
Las propuestas de desplegar la Armada o interponer barreras físicas, ya sean de corcho o alambradas en alta mar, carecen de todo sustento técnico y legal. De igual modo, sugerir que Frontex patrulle las costas de países ribereños, desde Marruecos hasta Guinea-Bisáu pasando por Senegal, ignora deliberadamente que la misión legal de la agencia europea es cooperar con los Estados miembros de la Unión Europea en la gestión integrada de sus fronteras exteriores, no impedir el tránsito de personas mediante vías ilegales ni vulnerar los derechos humanos.
Estas proclamas cobran un tinte populista especialmente preocupante al escucharse en boca de fuerzas políticas que se postulan para gobernar España y representarnos en el Consejo de la Unión Europea tras las elecciones generales del 29 de noviembre.
El contexto electoral agrava la difusión de discursos engañosos que prometen repatriaciones automáticas sin reconocimiento previo de identidad, evaluación médica o verificación de la edad y vulnerabilidad de los afectados.
Tampoco resulta viable la pretensión de derivar a estas personas a centros de internamiento en terceros países a cambio de compensaciones económicas, una política costosa que ignora la protección de las libertades fundamentales.
La realidad en los países de origen y la falta de solidaridad interna
La complejidad del problema se abordó en la Asamblea Interparlamentaria entre la Unión Europea y los países de África, Caribe y Pacífico (ACP), celebrada en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas los días 11 y 12 de noviembre de 2026.
En dicho foro, representantes de las naciones de origen y tránsito expusieron las concausas que explican la densidad de las rutas hacia España. Senegal, punto de partida de la mayoría de los cayucos sobrecargados que navegan hacia El Hierro, mantiene Acuerdos de Partenariado con la Unión Europea que incluyen cláusulas de control migratorio y seguridad compartida.
Los límites en la eficacia de estos acuerdos no responden a un plan premeditado de las autoridades locales para chantajear a Europa, sino a la vasta extensión de costas, desiertos y selvas que deben vigilarse con efectivos escasos, sumado a la red de tráficos ilícitos y a la falta de perspectivas de miles de jóvenes empujados a arriesgar su vida para saldar deudas familiares.
El rechazo a la crueldad debe ir acompañado de la responsabilidad institucional dentro del propio territorio español. Resulta inadmisible negar la solidaridad interna y oponerse al traslado de migrantes a otras comunidades autónomas cuando los recursos de acogida en El Hierro se encuentran desbordados debido al reducido tamaño de su población censada.
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