El Ministerio de Juventud e Infancia ha exigido a la Fiscalía General del Estado una investigación a fondo y ha puesto sobre la mesa la paralización de los servicios de TikTok en el territorio nacional tras destaparse una crisis de seguridad mayúscula.
Una radiografía profunda elaborada por la Fundación Maldita.es destapó la presencia de más de mil vídeos de abuso sexual infantil en la red social, los cuales acumulan más de 48 millones de visualizaciones.
El análisis, ejecutado entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre de 2026, también sacó a la luz más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos dedicados a intercambiar o comercializar este contenido prohibido. Más de 7.000 de estas cuentas operan directamente en castellano.
El fallo sistémico del algoritmo
La organización denuncia un colapso estructural en los mecanismos de filtrado de la plataforma tecnológica. El buscador interno y el sistema de recomendaciones actúan como una autopista que empuja a los usuarios hacia el material ilícito en lugar de bloquearlo.
Los datos del informe demuestran la inercia corporativa. De una muestra inicial de 50 vídeos explícitos con 8,9 millones de visualizaciones, la plataforma apenas eliminó cinco y limitó otros trece en España.
Tres días después de la alerta, el 40 por ciento de los perfiles emisores seguía activo. Incluso contenidos datados originalmente en junio de 2026 permanecieron accesibles durante más de cuatro meses, rozando las diez mil reproducciones.
Transmisiones en directo desde las aulas
La investigación monitorizó 91 emisiones en directo desarrolladas en 17 países. Menores de edad retransmitían desde viviendas particulares, baños, pasillos y aulas de centros educativos durante los recreos, mientras espectadores adultos exigían acciones de índole sexual a cambio de dinero o regalos virtuales.
España, Tailandia, Vietnam, Birmania y Rusia concentran los principales focos de esta actividad delictiva. Varios usuarios contactados durante el estudio admitieron poseer material de sus propios familiares o se ofrecieron a coordinar directos con menores de su entorno.
Ante este escenario, la normativa europea de servicios digitales exige una respuesta inmediata ante infracciones graves. Las autoridades españolas consideran que la inacción corporativa vulnera frontalmente las directrices comunitarias de protección infantil, abriendo la puerta a sanciones drásticas que marcarán un precedente en la industria tecnológica europea.
TE LO RECOMENDAMOS:
