El gobierno logró imponer enmienda a los planes de asistencia social de Inglaterra

A pesar de una considerable rebelión de los parlamentarios, el gobierno británico logró anoche impulsar una enmienda a los planes de asistencia social de Inglaterra, que los críticos aseguran podría afectar de manera desproporcionada a los jubilados más pobres.

El cambio significa que las contribuciones de los ayuntamientos a las tarifas de atención no se destinarían al límite, lo que significa que las personas más pobres que reciben ayuda con verificación de recursos terminarían pagando lo mismo que las personas más ricas si necesitaran atención durante una cantidad significativa de tiempo.

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La enmienda le ahorraría al gobierno 900 millones de libras esterlinas al año para 2027, pero dejaría a muchos propietarios más pobres expuestos a «costos catastróficos», incluida la necesidad de vender sus casas para financiar la atención, han dicho los analistas.


La votación fue aprobada por 272 a 246, una mayoría de 26. Hubo 19 rebeldes a favor de los conservadores y 70 abstenciones, de las cuales solo 13 fueron emparejadas según los laboristas.

En la Cámara de los Comunes, el ministro de Salud, Edward Argar, defendió el cambio, diciendo que el gobierno “siempre he tenido la intención de que el límite se aplique a lo que las personas contribuyen personalmente, en lugar de a la combinación de su contribución personal y la del estado”.

Argar aseguró que «nadie perderá con estas reformas en comparación con el sistema que tenemos ahora, y la abrumadora mayoría ganará».

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Entre los rebeldes se encontraba el ex líder conservador Mark Harper, quien había instado a los ministros a retirar la enmienda. “Potencialmente pone en desventaja a los menos acomodados y a los que están en edad de trabajar con condiciones de por vida”, dijo. «Los ministros del DHSC [Departamento de Salud y Asistencia Social] no han trabajado adecuadamente con el sector o los parlamentarios para explicar sus pensamientos o decisiones».

El presidente del comité selecto del Tesoro dijo que tenía “preocupaciones reales” sobre la forma en que se había realizado el cambio y dijo que no se habían realizado evaluaciones geográficas.

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