El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado públicamente que su formación mantiene conversaciones con Vox para conformar listas compartidas o coordinadas de cara al Senado.
La estrategia busca bloquear una victoria de la coalición de izquierdas en una institución clave. “Sería un error facilitarle el control del Senado al sanchismo”, aseveró el líder conservador en una entrevista concedida a la cadena Cope, apelando a la discreción para llevar a buen puerto las negociaciones.
Movimiento estratégico tras el guante lanzado por Santiago Abascal. El presidente de Vox ofreció la víspera asumir “sacrificios” electorales, incluyendo la retirada de candidaturas en determinadas circunscripciones provinciales para no dividir el voto de la derecha.
Feijóo contrapuso este acercamiento con los pactos ya amarrados por los populares con Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias para optimizar los restos en Navarra y Asturias. “Vamos a seguir hablando con Vox desde la discreción. Si Vox está a la altura, garantizo que el PP va a estar a la altura. Tenemos el compromiso de no entregar el Senado al sanchismo”, recalcó.
El tablero de la Cámara Alta resulta decisivo. De los 266 senadores que componen el hemiciclo, 58 son designados por los parlamentos autonómicos. Feijóo deslizó precisamente esa vía como fórmula de compensación, recordando que los cinco senadores actuales de Vox obtuvieron su escaño mediante designación autonómica tras pactar con el PP en diversas regiones.
“Saben hasta dónde podemos llegar y tenemos sentido de Estado. En ese contexto, entiendo yo que hay posibilidades de llegar a puntos de encuentro”, argumentó. El Senado ostenta un peso determinante en la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional o en una hipotética reforma de la Carta Magna.
Durante su intervención, el candidato popular desgranó además el paquete de cuatro medidas que llevará al primer Consejo de ministros si logra gobernar. Prometió un tijeretazo del 50% en asesores y altos cargos para reducir la “arquitectura política del Estado”, una batería de despolitización de órganos institucionales como la Fiscalía General o el Constitucional, una auditoría pública a cargo de la Intervención General del Estado y un plan de choque para reordenar los servicios ferroviarios y construir un millón de viviendas.
En el plano judicial, Feijóo abordó la controversia en torno a la ‘Ley de nietos’, a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos sobre la suspensión cautelar decretada por el Supremo respecto a 163.000 nacionalizaciones.
El dirigente popular descartó turbulencias legales ante posibles irregularidades tramitadas por instrucción administrativa. “Me parece que nadie se atreverá en España a dictar una resolución manifiestamente injusta, contraria a derecho”, concluyó.
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