El Ministerio de Juventud e Infancia ha puesto en marcha un plan de actuación urgente para gestionar el traslado a la península de unas 500 niñas migrantes que permanecen en Ceuta desde las entradas registradas a finales de julio.
La iniciativa busca ofrecer una respuesta asistencial a un colectivo en situación de absoluta vulnerabilidad, aunque la medida ha provocado un enfrentamiento directo con el Gobierno de la ciudad autónoma y con la dirección del Partido Popular.
El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, replicó públicamente que el Ejecutivo central no le había formulado ninguna petición oficial para activar mecanismos de traslado. Sin embargo, la ministra competente desmintió rotundamente estas declaraciones al asegurar que los canales y las distintas vías posibles se abordaron de manera directa durante una reunión mantenida el pasado 8 de agosto, encuentro en el cual, según su versión, el mandatario local vio con buenos ojos explorar dichas opciones.
Posturas enfrentadas sobre el marco legal y la tutela
Por su parte, el Partido Popular ha rechazado frontalmente el plan gubernamental. En una comparecencia conjunta, representantes de la formación conservadora insistieron en que Ceuta no debe convertirse en una plataforma de tránsito hacia la península para quienes ingresan de manera irregular.
Desde el punto de vista del gobierno local, el objetivo principal radica en que los menores sean retornados a su país de origen o entregados a sus familias y servicios sociales competentes, señalando además que existen posturas favorables a dicha devolución por parte de terceros países y de instituciones europeas.
En contraposición, fuentes ministeriales recordaron que la normativa vigente prohíbe taxativamente la repatriación automática de niños y niñas migrantes si no se evalúa de forma individualizada su interés superior.
Según lo estipulado en la Ley de Extranjería, cualquier proceso de reagrupación familiar o retorno requiere comprobar de manera rigurosa las condiciones de acogida, garantizando la protección de los menores frente a situaciones de desamparo.
Nuevas fórmulas de acogida sin traspaso de tutela
Para destrabar la situación en la ciudad autónoma, el plan estatal contempla vías alternativas que no exigen trasladar la tutela directa a las comunidades autónomas. Entre las opciones analizadas figuran fórmulas de colaboración con organizaciones especializadas en la protección de la infancia, las cuales se encargarían de gestionar recursos adaptados en la península para salvaguardar el bienestar de las menores afectadas.
La controversia se intensifica además tras los recientes pronunciamientos de representantes de la Comisión Europea sobre los protocolos de retorno en fronteras exteriores, abriendo un nuevo capítulo en la compleja gestión migratoria que mantiene en alerta a las administraciones implicadas.
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