Los forenses han puesto nombre y rostro a 66 de las 69 personas que perdieron la vida en el devastador accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda, Toledo.
Mientras el Centro Integrado de Datos confirma que el balance provisional de víctimas se mantiene inalterable, los equipos de emergencia continúan peinando los restos de los vagones en busca de indicios biológicos bajo la exigencia judicial de operar con turnos ininterrumpidos de día y de noche.
La maquinaria de identificación forense, liderada por el Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real junto a la Guardia Civil, ha permitido esclarecer la identidad de 54 ciudadanos españoles y 12 extranjeros.
Entre los fallecidos foráneos figuran cuatro estadounidenses y representantes de Argentina, Canadá, Chequia, Francia, Japón, México, Portugal y Túnez. Todavía restan por certificar tres identidades de origen internacional cuyas familias, procedentes de Australia y Japón, países que suman tres denuncias activas por desaparición, ya viajan rumbo a España para formalizar los trámites.
De las 66 identificaciones logradas, 53 se completaron mediante el cotejo de huellas dactilares y 13 requirieron análisis de ADN a cargo del Instituto Nacional de Toxicología.
La presión sobre el terreno se intensificó durante el fin de semana después de que la magistrada titular del Tribunal de Instancia de Orgaz reclamara una mayor dotación de operarios y actividad continua durante la madrugada.
Con la ayuda de perros rastreadores, drones y unidades cinológicas, la Guardia Civil ha retirado de las vías tres vagones de Iryo y dos de AVE para trasladarlos al perímetro lateral y facilitar la inspección minuciosa del lugar.
En los hospitales castellanomanchegos, 29 personas continúan ingresadas, nueve de ellas en unidades de cuidados intensivos, tras un siniestro que obligó a atender a 110 afectados y dejó un saldo de 81 altas médicas desde el día del impacto.
Las pesquisas judiciales se abren paso hacia el centro de control de Atocha, situando el foco en un posible fallo del sistema de seguridad LZB y en la orden de reanudar la marcha normal emitida a un convoy que circulaba a una velocidad estimada de entre 160 y 200 kilómetros por hora antes de colisionar contra un tren detenido.
Mientras tanto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, llevará este martes al Consejo de Ministros un informe sobre lo sucedido antes de comparecer en el Congreso en una sesión donde la oposición exigirá responsabilidades políticas.
“El procedimiento exige primero la notificación personal y presencial a los familiares antes de incorporar el caso a la estadística oficial”, recordaron fuentes del Centro Integrado de Datos al detallar los protocolos de comunicación de los cuerpos rescatados.
TE LO RECOMENDAMOS:
