El Gobierno británico ha presentado un polémico proyecto de ley que obligará a los solicitantes de asilo a reembolsar los costes de alojamiento y manutención una vez que logren insertarse en el mercado laboral. La medida ha desatado una ola de críticas entre organizaciones humanitarias.
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El Ministerio del Interior del Reino Unido ha anunciado este lunes 29 de junio de 2026 una nueva normativa que exigirá a los refugiados la devolución de hasta 10.000 libras esterlinas en concepto de gastos de asistencia.
La iniciativa, presentada por la ministra del Interior, Shabana Mahmood, busca que quienes reciban apoyo estatal durante su proceso de solicitud reintegren los fondos una vez alcancen estabilidad financiera a través de un empleo.
Un sistema inspirado en préstamos universitarios
El diseño del nuevo proyecto de ley toma como referencia el modelo de los préstamos estudiantiles. Bajo esta premisa, aquellos adultos que dispongan de “fondos suficientes” deberán realizar pagos mensuales fijos hasta completar el tope de 10.000 libras.
Aunque el Ministerio del Interior aún no ha definido los umbrales de ingresos necesarios para activar estos cobros, la ministra Mahmood defendió la política como un ejercicio de responsabilidad compartida.
“Recibir apoyo en el proceso de asilo es un derecho, pero también es una responsabilidad”, afirmó Mahmood, argumentando que, dado el alto coste que supone para el contribuyente británico, cerca de 4.000 millones de libras el año pasado, es necesario que quienes tengan capacidad económica contribuyan a devolver la “generosidad del pueblo británico”.
El alto coste del sistema actual
Actualmente, el sistema de asilo enfrenta presiones presupuestarias significativas. Un análisis del centro de estudios IPPR señala que el coste medio anual por solicitante fue de 41.000 libras durante el ejercicio 2023-24.
Mientras los solicitantes aguardan una resolución, periodo en el que, por lo general, tienen prohibido trabajar, dependen totalmente de las ayudas estatales, que oscilan entre 9,95 y 49,18 libras semanales para manutención, además de los costes de alojamiento, que pueden llegar a 144 libras por noche si se gestionan en hoteles.
“Crueldad performativa” y rechazo social
La propuesta ha sido recibida con dureza por parte de organizaciones benéficas y de defensa de los derechos humanos. Imran Hussain, del Refugee Council, no ha dudado en tildar la medida como “un impuesto extra a los refugiados”.
Por su parte, la Helen Bamber Foundation advirtió que cargar con deudas a personas que apenas inician el proceso de reconstrucción de sus vidas es “profundamente injusto y completamente contraproducente” para su integración comunitaria.
Incluso voces con experiencia directa en el sistema, como Kolbassia Haoussou de Freedom from Torture, han expresado su desconcierto ante la exigencia de pagos a poblaciones altamente vulnerables, incluyendo supervivientes de tortura y violencia sexual.
Mientras tanto, expertos del IPPR sugieren que el enfoque del Gobierno es erróneo y abogan por soluciones como acelerar la tramitación de solicitudes y apelaciones para reducir costes operativos de manera más eficaz.
El Reino Unido se convierte así en el único país europeo en aplicar una medida de esta naturaleza, comparándose únicamente con programas de préstamos de inmigración existentes en Canadá, aunque bajo condiciones distintas.
El debate queda servido: mientras el Gobierno insiste en la responsabilidad fiscal, las organizaciones humanitarias sostienen que la medida no hace sino profundizar la precariedad de quienes buscan protección en suelo británico.
