El Gobierno liderado por Andy Burnham ha pisado el acelerador en su estrategia para eliminar los establecimientos hoteleros utilizados como alojamiento temporal para solicitantes de asilo en Inglaterra y Gales.
En lo que va de 2026, ya se han clausurado 44 recintos, sumando trece cierres recientes en enclaves como Blackpool, Nottingham, Norwich, Bradford, Wolverhampton y el Staycity Apartments Deptford Bridge en Lewisham, al sureste de Londres. Con estos movimientos, el número de hoteles operativos se sitúa ya por debajo de los 160.
Sin embargo, el cierre de un hotel no implica la salida de los residentes del territorio británico. Aquellos cuyas solicitudes de asilo continúan pendientes son reubicados, desatando un intenso debate político y social sobre el modelo de acogida del país.
El dilema de la reubicación y los cuarteles militares
Los traslados se realizan muchas veces con escaso margen de aviso, derivando a los afectados hacia viviendas compartidas conocidas como HMO (Houses in Multiple Occupation), antiguas instalaciones militares o nuevos hoteles.
Estas mudanzas obligan con frecuencia a los solicitantes a desplazarse a cientos de kilómetros, rompiendo los vínculos comunitarios, legales y de aprendizaje de idiomas construidos durante meses.
Ante la escasez de viviendas disponibles que absorban toda la demanda, cuyo coste por plaza es considerablemente inferior al de un hotel, el Ejecutivo ha apostado por readaptar antiguos recintos militares.
Complejos como Wethersfield y Crowborough ya operan al límite, mientras se proyecta incorporar bases como RAF Linton-on-Ouse, RAF Barnham y Bicester Garrison para albergar a miles de personas. El caso más conflictivo se concentra en North Yorkshire, donde el plan de alojar a 1.250 hombres en RAF Linton-on-Ouse ha generado un fuerte rechazo institucional y vecinal.
La redistribución demográfica y el coste económico
Desde el plano financiero, la medida busca recortar gastos drásticamente: mientras mantener a una persona en un hotel ronda las 144 libras por noche, el coste desciende hasta las 23,25 libras semanales en una vivienda compartida tipo HMO.
No obstante, organismos como la National Audit Office han advertido sobre el elevado desembolso inicial que requiere condicionar infraestructuras militares.
Por su parte, el Ejecutivo ha defendido la necesidad de repartir la carga de manera más equitativa. Actualmente, los solicitantes de asilo representan el 0,29% de la población en las áreas más desfavorecidas frente al 0,05% de las zonas opulentas.
La ministra de Inmigración, Anna Turley, admitió que concentrar la acogida en comunidades vulnerables ha alimentado tensiones y disturbios civiles, abogando por una mayor justicia territorial.
Con el compromiso gubernamental de erradicar por completo el uso hotelero antes de que concluya la legislatura, el desafío migratorio en Reino Unido muta de escenario, trasladando la confrontación política desde los centros urbanos hacia los barrios residenciales y las zonas rurales.
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