Las puertas de las prisiones británicas de HMP Durham, Cardiff y Brixton se abrieron esta mañana para iniciar una polémica oleada de liberaciones anticipadas. Alrededor de 700 reclusos condenados por fraude, violencia doméstica y control coercitivo saldrán a la calle de forma prematura en una maniobra gubernamental desesperada por descongestionar un sistema penitenciario al borde del colapso.
“¡Soy libre, gratis!”, gritó uno de los reclusos al pisar la acera tras abandonar el penal. La escena se repitió desde primera hora del día en las inmediaciones de los centros penitenciarios de HMP Durham, Cardiff y Brixton. Se calcula que cerca de 700 delincuentes abandonarán las celdas antes de tiempo gracias a una normativa que permite acceder a la libertad condicional tras cumplir apenas un tercio de la pena impuesta por los tribunales.
El beneficio abarca a personas condenadas por delitos como fraude, violencia doméstica y comportamiento coercitivo. La medida busca liberar espacio en una red de prisiones al límite de su capacidad física. Sin embargo, a las puertas de las cárceles, las reacciones de los propios liberados reflejan el escepticismo de la calle. “¿Sistema de justicia? ¿Qué sistema de justicia? Gracias, Andy Burnham”, lanzó con sarcasmo un expreso ante los micrófonos de la prensa.
Otros reclusos mostraron una indiferencia aplastante ante el futuro. Tom, un hombre de 32 años encarcelado por robo y con un historial de 17 años entrando y saliendo de prisión, admitió abiertamente que no tardará en reincidir.
“Probablemente vuelva en el próximo mes o dos”, afirmó sin rodeos. “Esto es como un reinicio para mí. Salgo, tomo cerveza, drogas… Vuelvo adentro, gano algo de peso, y lo repito todo. No tengo nada mejor que hacer, no tengo hogar; no se puede estar sin hogar y sobrio al mismo tiempo”.
La oposición política y las organizaciones de víctimas han reaccionado con indignación. El Partido Conservador tildó el plan de “insulto a las víctimas” y acusó al Ejecutivo laborista de poner en riesgo directo a la ciudadanía.
El pánico es palpable entre quienes sufrieron violencia de género. Helen Duncanson, cuya expareja Michael Boyes fue condenado por agresión con lesiones y conducta coercitiva, relató las noches en blanco tras conocer la noticia. “¿Cómo se atreven a liberar a estos individuos violentos? ¿Cómo es que ustedes, como gobierno, tienen derecho a desautorizar a un juez?”, cuestionó.
La crisis penitenciaria se venía incubando desde la llegada al poder del Partido Laborista, cuando las autoridades advirtieron que la falta de celdas amenazaba con paralizar el sistema penal. El plan inicial sufrió un duro revés en verano al revelarse que dos implicados en la muerte del agente de policía Andrew Harper en 2019 calificaban para la salida anticipada, lo que obligó al político Andy Burnham a rectificar el alcance de la medida para excluir casos de homicidio involuntario, violación y delitos sexuales graves.
El Gobierno intenta contener el impacto público prometiendo mano dura en la supervisión de los liberados. El Lord Canciller y secretario de Estado de Justicia, Alex Norris, defendió el despliegue asegurando que se aplica el paquete de controles más estricto de la historia y anunció la proyección de 14.000 nuevas plazas penitenciarias.
Aun así, la brecha de seguridad sigue abierta mientras cientos de condenados vuelven a las calles en un experimento penal sin precedentes. “¿Cómo se atreven a liberar a estos individuos violentos?”, insiste la voz de las víctimas mientras las puertas del penal se cierran a sus espaldas.
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