Reino Unido retirará el permiso de conducir a los deudores de ayudas sociales

Persona al volante de un vehículo conduciendo por una calle del Reino Unido. Persona al volante de un vehículo conduciendo por una calle del Reino Unido.
Los conductores que acumulen deudas por fraudes en ayudas públicas podrán perder su permiso de conducir en el Reino Unido.

A partir del 1 de octubre, el Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) activará amplias facultades que le permitirán solicitar la suspensión o revocación de la licencia de conducir a quienes se nieguen a devolver ayudas públicas indebidas. La ofensiva prevé ahorrar 14.600 millones de libras en cinco años.

Pagar o dejar el volante. Quienes deban dinero al sistema de protección social en el Reino Unido enfrentan una ofensiva inédita a partir de mañana. El Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) empezará a desplegar un paquete de poderes ejecutivos destinados a acorralar a los morosos morosos del sistema.

Entre las medidas más drásticas destaca la suspensión o revocación directa del permiso de conducir para los casos más graves. Sin embargo, la retirada de la licencia no será automática ni universal.

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El DWP recurrirá a los tribunales únicamente para solicitar la prohibición contra infractores reincidentes que se hayan negado repetidamente a saldar deudas de al menos 1.000 libras esterlinas.

El endurecimiento responde al marco fijado por la Ley de Autoridades Públicas (Fraude, Error y Recuperación) de 2025. Esta normativa concede además al DWP la facultad de intervenir cuentas bancarias sin necesidad de contar con una orden judicial previa. En todo el país, cerca de 1,1 millones de personas mantienen deudas pendientes con el organismo asistencial.

Aunque el plazo de plena aplicación legal se extiende hasta junio de 2027, las autoridades comenzarán a hacer uso de estas herramientas desde este 1 de octubre para forzar acuerdos de pago voluntario.

El objetivo central del Ejecutivo apunta a generar un ahorro de 14.600 millones de libras esterlinas en un periodo de cinco años mediante la lucha sistemática contra el fraude, los pagos erróneos y la morosidad.

«Los contribuyentes que trabajan duro merecen un sistema que persiga a quienes evaden deliberadamente sus deudas, y eso es precisamente lo que ofrecen estas nuevas facultades», afirmó el ministro de Trabajo y Pensiones, Andrew Western.

Western matizó que las puertas del departamento siguen abiertas para negociar planes de pago asequibles, pero lanzó una advertencia clara a los insumisos: «Para aquellos que pueden pagar y no lo hacen, estamos yendo más allá que nunca para recuperar el dinero».

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