El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes en La Moncloa a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas, lo que se traduce en 18.004 euros anuales a partir del 1 de enero de 2027. La medida, que representa un incremento del 5,3% respecto a la cuantía vigente, se traducirá en un repunte de 65 euros más al mes y 910 euros adicionales al año para los bolsillos de los trabajadores beneficiados.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, detalló en rueda de prensa que el alza impactará de manera directa sobre el 13,6% de la masa salarial del país, alcanzando a unos 2,7 millones de asalariados.
El mapa autonómico deja ver que los contingentes más numerosos de beneficiarios se concentran en Andalucía, con 550.000 trabajadores afectados, y en la Comunidad de Madrid, con otros 387.000 perceptores.
Alivio fiscal y fin de las retenciones en la nómina
El titular de Hacienda, Arcadi España, especificó durante su comparecencia que los perceptores del SMI continuarán exentos de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) durante el próximo ejercicio económico de 2027.
Para garantizarlo, el Ejecutivo ha aprobado mediante real decreto ley una deducción específica de 1.033,58 euros aplicable a las rentas que alcancen los 18.004 euros. La rebaja fiscal operará de forma decreciente en los tramos salariales inmediatamente superiores, amortiguando la carga tributaria hasta los 23.172 euros.
La modificación introduceda en el Reglamento del IRPF elimina además el mordisco fiscal mensual en los recibos de salario. Quienes cobren el mínimo legal dejarán de soportar retenciones desde la primera nómina del año, un cambio normativo que movilizará un ahorro fiscal estimado en 1.200 millones de euros.
El fin del secreto salarial y nuevas garantías de igualdad
El paquete aprobado en Madrid va más allá de la cuantía económica e incluye la trasposición de directivas europeas destinadas a transformar las dinámicas corporativas.
El decreto ley prohíbe explícitamente el denominado «secreto salarial» en el tejido empresarial, reconociendo el derecho individual de cada empleado a exigir información sobre las retribuciones medias de sus compañeros que desarrollen funciones idénticas o de igual valor.
Las empresas afrontarán a partir de ahora restricciones severas en sus procesos de contratación.
Queda prohibido indagar sobre el historial retributivo previo de los candidatos en las entrevistas de trabajo, las ofertas publicadas deberán especificar obligatoriamente la banda salarial de forma neutral y cualquier divergencia retributiva entre géneros para puestos equivalentes requerirá una justificación empresarial tasada. El texto incorpora asimismo una estricta garantía de indemnidad en el Estatuto de los Trabajadores para blindar a los empleados frente a posibles represalias corporativas tras interponer reclamaciones.
Un escudo contra la precariedad y el pulso territorial
Díaz defendió que la herramienta del salario mínimo constituye el antídoto más eficaz contra la brecha de género y la pobreza laboral, señalando que más del 65% de los beneficiarios directos del incremento son mujeres.
La ministra vinculó este factor a la reducción del 22% en la desigualdad retributiva nacional, situando el indicador por debajo de la media comunitaria. El impacto sectorial se dejará notar con especial intensidad entre los jóvenes menores de 25 años y en ramas de actividad tradicionales como la construcción, la agricultura, la industria y los servicios.
En paralelo al blindaje de las rentas salariales, el Consejo de Ministros aprobó la actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas y corporaciones locales de cara a 2027, elevando los fondos destinados a los territorios hasta los 185.593 millones para los gobiernos regionales y los 33.773 millones para los ayuntamientos.
Las partidas estatales incorporan además subvenciones directas de 3 millones de euros para Canarias y 2 millones para el Cabildo de El Hierro, destinadas a amortiguar la presión asistencial derivada de la llegada de inmigrantes a las islas.
“Esto es una política que cambia un país de arriba abajo”, sentenció Díaz al defender el alcance estructural de unas reformas que ahora afrontan su trámite indispensable de convalidación en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.
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