Suecia se encuentra ante un punto de inflexión en su política de seguridad y justicia. Con el objetivo de frenar el alarmante incremento de la violencia vinculada a bandas criminales, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley que propone reducir la edad de responsabilidad penal de los 15 a los 13 años.
Esta medida busca responder a la creciente participación de menores en delitos graves, incluyendo asesinatos, intentos de homicidio, atentados con explosivos y extorsiones.
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La estrategia frente al reclutamiento criminal
Las autoridades suecas han señalado que las organizaciones criminales están reclutando activamente a adolescentes e incluso a niños para ejecutar actos violentos.
Esta tendencia se ve favorecida por las limitaciones de la legislación vigente, que hasta ahora restringía la capacidad del Estado para procesar a menores de 15 años. Según datos compartidos por el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, durante el último año, 52 menores de 15 años se vieron involucrados en investigaciones por asesinatos o intentos de homicidio, una estadística que ha encendido las alarmas en el país nórdico.
Un debate entre castigo y rehabilitación
Como parte integral de este cambio de estrategia, Suecia planea habilitar prisiones especiales diseñadas para albergar a menores condenados por delitos graves. Estos centros buscarán mantener condiciones adaptadas a las necesidades de desarrollo de los jóvenes, aunque el modelo ha generado debates internos.
Incluso detalles técnicos, como la posible presencia de objetos personales o peluches en las habitaciones, han sido objeto de discusión entre las autoridades penitenciarias.
Mientras que los defensores de la reforma argumentan que endurecer las sanciones es indispensable para frenar el avance de las mafias y salvaguardar la seguridad pública, las voces críticas y diversas organizaciones de derechos humanos expresan su preocupación.
Estos críticos advierten que encarcelar a niños más jóvenes podría acarrear efectos negativos a largo plazo, instando al Gobierno a priorizar políticas de prevención, educación e integración social.
A pesar de que el proyecto de ley aún debe recorrer su proceso legislativo, su presentación refleja la urgencia de Suecia por transformar su enfoque ante una violencia juvenil que ha redefinido el debate sobre la seguridad en el país.
