La diplomacia argentina pisa el acelerador en Hamburgo. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) abrió este martes las vistas orales para evaluar la solicitud urgente de Buenos Aires de congelar los proyectos de hidrocarburos autorizados por Londres en el Atlántico Sur.
La comitiva nacional busca frenar las operaciones en la Cuenca Malvinas Norte, donde destaca el controvertido proyecto Sea Lion. La iniciativa está operada por la petrolera israelí Navitas, socia de la británica Rockhopper, con excavaciones previstas para principios de 2027 a doscientos kilómetros al norte del archipiélago.
El pulso técnico en Alemania
Bajo la presidencia del camerunés Maurice K. Kamga, el tribunal completó su composición este lunes con el juramento de los jueces ad hoc Raúl Vinuesa por parte de Argentina y Vaughan Lowe por el bando británico. Ambos prometieron actuar con imparcialidad.
La delegación argentina, capitaneada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, argumenta ante los magistrados que las licencias británicas vulneran la normativa internacional. La defensa legal recae sobre Marcelo Kohen, Nico Schrijver y Agustín Giustiniani, quienes sostienen que la incursión petrolera viola la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) de 1982.
La estrategia apunta a impedir cualquier extracción y a vetar el uso comercial de datos obtenidos en cateos previos. Buenos Aires exige además que Londres cese los actos que entorpezcan la protección ambiental y agraven el litigio territorial.
Choque de soberanía y normas
La ofensiva diplomática encuentra resistencia frontal en el Reino Unido. Londres defiende la legalidad de los bloques petroleros al amparo de su propia legislación para las islas, ignorando los reclamos históricos del país sudamericano.
El presidente Javier Milei endureció la postura oficial la semana pasada durante la Cumbre Iberoamericana en Madrid, donde calificó los planes británicos de expolio que comprometen recursos soberanos y pisotean la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU. Dicho mandato, vigente desde el uno de diciembre de 1976, prohíbe modificaciones unilaterales en el área en disputa.
Especialistas en derecho internacional advierten sobre el fondo del litigio. Valentin Schatz, profesor de la Universidad de Luneburgo, subraya que para Argentina el trasfondo innegable es la soberanía territorial. Por su parte, Donald R. Rothwell, catedrático de la Universidad Nacional Australiana, apunta que el principal escollo para Buenos Aires será demostrar ante el tribunal que se trata estrictamente de una controversia sobre derecho del mar y no de un diferendo de soberanía pura.
El calendario judicial marca que la corte con sede en Alemania emitirá su fallo sobre las medidas cautelares solicitadas entre mediados y finales de este mes.
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