El recluso Axel Rudakubana, condenado a 52 años de prisión por el asesinato de tres menores en Southport, se enfrenta a nuevos cargos judiciales tras acumular hasta cuatro episodios violentos contra funcionarios en el interior de la cárcel de máxima seguridad de HMP Belmarsh.
Los incidentes ocurrieron entre mayo y octubre de 2025 y preceden a su controvertido traslado al hospital psiquiátrico de alta seguridad de Broadmoor.
MUY INTERESANTE:
De acuerdo con la información confirmada por la Policía Metropolitana, el reo fue acusado formalmente de varios delitos graves cometidos entre rejas. Los cargos incluyen la agresión a un trabajador de emergencias el 6 de mayo, un intento de lesiones corporales graves el 8 de mayo, derivado de un suceso en el que presuntamente arrojó agua hirviendo a un funcionario que tuvo que ser hospitalizado de urgencia, la posesión de un arma ofensiva en prisión el 26 de junio, y una nueva agresión a un trabajador de emergencias el 28 de octubre. Rudakubana deberá comparecer por videoconferencia ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo 11 de septiembre.
Polémico traslado a Broadmoor y críticas de las familias
El desplazamiento del criminal a Broadmoor, un centro psiquiátrico ubicado en Berkshire, se produce apenas unos días antes de cumplirse el segundo aniversario de la masacre perpetrada el 29 de julio de 2024 en una clase de baile infantil temática. Este cambio de régimen le otorga acceso permanente a personal médico especializado, con atención constante de enfermeras y psicólogos las 24 horas del día.
Sin embargo, la decisión ha desatado una ola de indignación tanto entre los familiares de las víctimas mortales, Bebe King, Elsie Dot Stancombe y Alice da Silva Aguiar, como en el seno de las asociaciones profesionales. Los allegados han recriminado al recluso que intente “manipular el sistema” para eludir las duras condiciones de cumplimiento en una prisión convencional.
En la misma línea, la Asociación de Funcionarios de Prisiones ha denunciado abiertamente lo que consideran un claro abuso de los recursos públicos. Un portavoz del colectivo advirtió que el delincuente disfrutará ahora de libertades financiadas por los contribuyentes mientras el personal penitenciario pierde las protecciones específicas de las que gozaba en Belmarsh, exigiendo que este tipo de criminales cumplan íntegramente sus penas en régimen de estricto aislamiento.
