La plenaria del Senado de la República dio un paso definitivo al aprobar el proyecto de ley ‘No Son Mercancía’. La iniciativa fija un plazo transitorio de tres años tras el cual quedará prohibida de forma absoluta la reproducción, cría y comercialización de animales de compañía en todo el territorio colombiano.
Identificado formalmente como el Proyecto de Ley 04 de 2024 Senado, el articulado impone desde su promulgación restricciones inmediatas a las formas de venta, elimina la exhibición de mascotas en locales y prohíbe de entrada la venta de aves ornamentales.
El texto legislativo fija que las personas naturales o jurídicas dedicadas formalmente a la cría y venta deberán reconvertir su actividad económica o proceder a su cierre definitivo antes de que venza la ventana de tres años.
Cambios en el modelo de negocio
Durante el periodo de adaptación, los establecimientos que continúen operando tendrán que someterse a estrictas inspecciones sanitarias, estar al día en el Registro Mercantil y certificar cada entrega mediante la firma de un médico veterinario profesional. Además, la norma prohíbe exhibir perros, gatos y otras especies en vitrinas, urnas de cristal o jaulas comerciales.
La tramitación parlamentaria estuvo marcada por un intenso pulso entre dos visiones de la bancada animalista. La autora principal, la senadora Andrea Padilla Villarraga, de la Alianza Verde, defendió inicialmente una regulación estricta con controles directos para frenar la clandestinidad.
Sin embargo, se terminó imponiendo una proposición más severa redactada por la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, quien exigió la prohibición total al recordar que cerca del 70% de los hogares colombianos convive con una mascota mientras millones de animales aguardan en refugios a la espera de ser adoptados.
La norma prevé asimismo la creación de un registro oficial para combatir los criaderos clandestinos que operan al margen de los controles sanitarios. Las autoridades competentes quedan facultadas para ejecutar decomisos inmediatos e imponer sanciones administrativas contra los infractores.
El articulado incorpora además partidas y medidas concretas destinadas a incentivar las jornadas masivas de adopción, financiando y reforzando los ingresos de rescatistas e instituciones de protección animal en las distintas regiones del país.
Tras superar con éxito su trámite en la cámara alta, la iniciativa legislativa avanzará hacia la Cámara de Representantes, donde deberá superar dos debates finales antes de ser remitida a la sanción del presidente de la República.
“La responsabilidad de un legislador es plantarse de frente a la realidad, mirarla a los ojos y ver cómo avanzar para eliminar, al menos, los frentes de mayor dolor”, afirmó la senadora Andrea Padilla Villarraga durante el debate parlamentario.
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