El acceso a la estabilidad legal en el Reino Unido se encarece de forma drástica. El primer ministro británico, Andy Burnham, ha respaldado “en principio” la profunda reforma migratoria impulsada por la ministra del Interior, Shabana Mahmood, un plan que proyecta elevar de cinco a diez o quince años el tiempo necesario para tramitar la residencia permanente, conocida formalmente como indefinite leave to remain (ILR).
La iniciativa, bautizada bajo el modelo de earned settlement (“asentamiento ganado”), se sometió a consulta pública entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, acumulando más de 200.000 respuestas.
Las directrices generales recogen un incremento del plazo estándar hasta los diez años, una exigencia que se estiraría hasta los quince para trabajadores en ocupaciones de menor cualificación.
Aquellas personas que hayan percibido ayudas públicas afrontarían penalizaciones de entre cinco y diez años adicionales, mientras que los migrantes llegados de forma irregular o mediante visado turístico verían el contador dispararse hasta los veinte años.
En el extremo opuesto, el Ejecutivo contempla vías rápidas de cinco años, o incluso tres, para contribuyentes con ingresos superiores a 50.270 o 125.140 libras esterlinas anuales.
Los cambios propuestos abren un profundo foso de incertidumbre para la comunidad extranjera instalada en el archipiélago. Quedan exentos de la medida quienes ya disponen del ILR o la nacionalidad británica, así como los ciudadanos europeos amparados por el EU Settlement Scheme.
Sin embargo, el impacto recaerá sobre trabajadores cualificados, cuidadores y familiares llegados por vías ordinarias en los últimos años, afectando de lleno a la colectividad latinoamericana y a los nacionales comunitarios que cruzaron la frontera con posterioridad al Brexit. La mayor inquietud reside en la posible aplicación retroactiva de la normativa sobre quienes ya residen en el país sin el estatus definitivo.
El pulso político ha traspasado las paredes de Westminster. La medida fractura la disciplina del Partido Laborista, con varias decenas de diputados plantados en contra de la retroactividad de los plazos.
Ante la presión de sectores clave que dependen de la mano de obra foránea, como el personal de atención sociosanitaria (care workers), se barajan modificaciones de última hora. “Hemos consultado sobre estas reformas y anunciaremos nuestras decisiones pronto”, zanjó Burnham la pasada semana.
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