La grave saturación del sistema penitenciario en Inglaterra y Gales se ha convertido en uno de los desafíos políticos más complejos para el Gobierno de Andy Burnham. Con una población carcelaria que asciende a 86.536 personas, el Ejecutivo se encuentra bajo presión para encontrar fórmulas de alivio tras el fuerte rechazo social generado por su programa de excarcelaciones anticipadas, el cual abría la puerta a la liberación de condenados por delitos graves.
Ante este escenario, Burnham ha encargado al ministro de Justicia, Alex Norris, que presente nuevas propuestas legislativas ante el Parlamento. Entre las medidas evaluadas destacan acelerar la deportación de presos extranjeros, revisar las condenas indefinidas y reutilizar parcialmente centros penitenciarios de mujeres para albergar a reclusos varones.
La indignación por los asesinos del agente Andrew Harper
El malestar ciudadano se intensificó notablemente a raíz del caso del agente Andrew Harper, el policía de 28 años que perdió la vida el 15 de agosto de 2019 tras ser arrastrado por un vehículo durante una huida de delincuentes en Berkshire. Dos de los condenados por homicidio involuntario, Albert Bowers y Jessie Cole, cumplían penas de 13 años y cualificaban inicialmente para beneficiarse de la liberación anticipada.
La medida desató una reacción masiva: una petición pública para frenar su excarcelación rozó las 900.000 firmas, mientras que medio centenar de jefes de policía exigieron al Ejecutivo frenar la medida. Aunque el programa excluía delitos como la violación, dejó resquicios que permitieron incluir casos de homicidio involuntario, obligando al primer ministro a recalcar su confianza en mantener tras las rejas a los autores de los crímenes más atroces.
Un sistema al límite de su capacidad
Las causas estructurales de la crisis son profundas. La población en las cárceles se ha duplicado desde 1993, impulsada por condenas más largas, el aumento de presos preventivos y mayores tasas de reingreso. A esto se suma la tensión en los servicios de libertad condicional (probation), cuyos trabajadores advierten de una carga insostenible que ha llevado a su sindicato a respaldar posibles paros.
El Gobierno tiene como fecha límite el mes de septiembre para consensuar una salida viable. Las soluciones no son inmediatas: deportar a los más de 10.000 presos extranjeros requiere acuerdos diplomáticos complejos, y cualquier modificación legal debe evitar colapsar aún más un sistema penitenciario y judicial que apenas cuenta con margen de maniobra.
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