La Policía Nacional rodea el asentamiento de la costa ceutí para identificar a sus ocupantes, pero la falta de vías legales para trasladarse a la península sin pedir protección internacional desencadena un goteo constante de retornos voluntarios por la frontera del Tarajal.
Despliegue de madrugada, furgones bloqueando los accesos y decenas de agentes rodeando la arena. La Policía Nacional intervino este domingo en la playa del Trampolín, en Ceuta, para desmantelar un asentamiento con más de 20 vehículos y establecer un estricto perímetro de seguridad.
Buscaban evitar huidas desordenadas como las ocurridas en operativos anteriores. Sin embargo, el resultado del dispositivo no ha sido la filiación masiva de los migrantes, sino su marcha voluntaria de vuelta a Marruecos.
Los autobuses policiales trasladaron a los interceptados hasta las dependencias adyacentes a la frontera del Tarajal, donde funciona el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).
Allí, al comprobar que la única vía legal para acceder a recursos de acogida en la península exige formalizar la solicitud de asilo, muchos declinaron registrarse. Prefirieron dar media vuelta y cruzar el paso fronterizo.
El escenario no es nuevo. Repite el patrón vivido jornadas atrás en la playa de Benítez, cuando más de 150 personas prefirieron retornar a suelo marroquí antes que someterse a la identificación administrativa sin garantías de paso a la península.
Las cifras oficiales avalan la tendencia: el Gobierno sitúa en 7.794 los retornos voluntarios contabilizados desde el 10 de agosto, con un ritmo diario de cientos de salidas.
Mientras tanto, la gestión en la frontera afronta duras críticas en los juzgados. La Fundación Raíces ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo para exigir la devolución inmediata de un menor de 16 años entregado supuestamente “de forma ilegal” a Marruecos.
El adolescente, tutelado desde hace dos años por el Área de Protección de Menores de Ceuta y con permiso de residencia y trabajo vigente hasta diciembre de 2026, fue interceptado en la zona portuaria por personal militar.
Según la denuncia presentada por las letradas Paloma García de Viedma y Leire Villate, el joven se identificó en castellano y advirtió que residía en el centro Aljarafe. Pese a sus alertas y a sufrir una crisis de pánico, agentes de la Guardia Civil lo condujeron en patrulla al puesto fronterizo del Tarajal. La organización sostiene que los efectivos le sacaron por la fuerza del vehículo para entregarlo formalmente a las autoridades marroquíes.
El cruce de reproches por la legalidad de los procedimientos policiales tensiona la gestión migratoria en la ciudad autónoma, donde cientos de personas aguardan sin una salida clara en los márgenes de la frontera.
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