La Fiscalía ha contabilizado un total de 23 agresiones sexuales en Ceuta desde la entrada masiva de personas migrantes registrada a finales de julio desde Marruecos.
Del total de casos, cinco de ellos corresponden a violaciones, y nueve de las víctimas son menores de edad con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, una cifra que evidencia la extrema vulnerabilidad a la que se enfrentan las niñas en este contexto crítico.
Las fuerzas de seguridad han identificado hasta ahora a ocho presuntos autores, de los cuales cuatro son de nacionalidad marroquí, tres españoles y uno belga, mientras el resto sigue sin identificar.
Organizaciones humanitarias como Save the Children han denunciado reiteradamente que la escasez de identificaciones seguras, alojamiento adecuado y acompañamiento especializado incrementa de manera drástica la exposición de las menores a la violencia, la trata y la explotación.
Ante la falta de recursos oficiales iniciales, han sido numerosas organizaciones vecinales las que han tomado la iniciativa de proteger a mujeres y niñas, habilitando campamentos improvisados en canchas de fútbol sala para evitar que durmieran a la intemperie en el monte.
Reclamo de traslados y respuesta institucional
El impacto de la crisis ha movilizado a distintos departamentos del Gobierno central. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió en el Congreso de los Diputados la urgencia de agilizar el traslado a la Península de 500 de las 760 niñas migrantes que, según las estimaciones ministeriales, permanecen en la ciudad autónoma.
Para Rego, descongestionar los recursos locales es fundamental para garantizar el bienestar y los derechos de estos menores, cuyo perfil migratorio ha registrado un cambio notable con un aumento de niñas y menores de 13 años.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, advirtió sobre la gravedad de estos episodios y exigió una respuesta firme y una actuación sumamente ágil por parte de la justicia.
Redondo detalló que el Centro de Crisis de 24 horas de Ceuta se encuentra asistiendo a nueve de las menores afectadas dentro de sus plazas residenciales de corta estancia. Mientras tanto, el sistema local de protección afronta una presión sin precedentes con la acogida de unos 1.500 niños y niñas, a la espera de acondicionar nuevas naves para paliar la saturación habitacional.
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