España y Francia impulsan una regulación europea de protección a menores en internet

Grupo de niños y niñas sentados juntos mirando fijamente las pantallas de sus teléfonos móviles Grupo de niños y niñas sentados juntos mirando fijamente las pantallas de sus teléfonos móviles
La creciente preocupación por la seguridad y la adicción digital impulsa a los gobiernos europeos a legislar un marco común de protección.

España y Francia intensificarán su cooperación con Irlanda para promover un marco normativo común en la Unión Europea enfocado en la protección de los menores en el entorno digital.

Fuentes gubernamentales han avanzado que el ministro responsable de esta cartera en España, Óscar López, viajará próximamente a territorio irlandés para abordar la iniciativa con el Ejecutivo de dicho país, que acaba de asumir la Presidencia del Consejo de la UE.

Irlanda ha solicitado formalmente a Madrid y París que compartan sus experiencias legislativas para enriquecer el debate comunitario sobre la mayoría de edad digital. Cabe destacar que ambos países se sitúan como los únicos socios de la Unión Europea que han llevado iniciativas normativas de este calado directamente a sus parlamentos nacionales, marcando el camino en la agenda regulatoria continental.

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Lecciones aprendidas y presión sobre las grandes tecnológicas

El debate sobre la arquitectura legal ha cobrado especial relevancia tras la anulación de la norma francesa por parte de su Consejo Constitucional el pasado mes de julio, una decisión atribuida a que el texto señalaba de manera explícita a determinadas compañías. Por el contrario, el proyecto impulsado por España ha evitado este escollo técnico al delimitar rigurosamente las características y funciones de los servicios afectados, sin identificar de forma directa a empresas concretas.

Paralelamente, el impulso político se produce en un escenario internacional complejo, marcado por el reciente acuerdo millonario de Meta en Estados Unidos tras las demandas de múltiples estados por adicción en menores, así como por la presentación en Bruselas de un informe contundente sobre los riesgos digitales que afronta la infancia.

El Gobierno español sostiene que, aunque la presión social obliga a las plataformas a ensayar medidas de autorregulación, resulta estrictamente indispensable avanzar hacia leyes específicas que garanticen entornos digitales seguros para los menores en toda Europa.

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