El máximo tribunal constitucional de Francia ha frenado las aspiraciones del Ejecutivo al bloquear este viernes el proyecto de ley que pretendía prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. El Consejo Constitucional dictaminó que la medida vulnera de manera desproporcionada la libertad de expresión y carece de las salvaguardas necesarias para proteger la vida privada.
El órgano colegiado determinó que el artículo principal de la normativa constituía una infracción “ni apropiada, ni necesaria, ni proporcionada” frente a los derechos fundamentales de los menores.
Además, el tribunal puso el foco en el difuso mecanismo de verificación de edad que exigía la ley: aunque obligaba a acreditar la identidad para navegar en servicios digitales, omitía por completo los límites y condiciones bajo los cuales se gestionaría dicha información personal.
Un revés político para el Ejecutivo
La legislación había sido aprobada por los parlamentarios franceses en julio, con la previsión de que entrara en vigor el 1 de septiembre para nuevas cuentas y de forma progresiva para las ya existentes. Con este paso, el país galo buscaba posicionarse como pionero en Europa tras el precedente marcado por Australia.
Tras el varapalo jurídico, la oficina del presidente Emmanuel Macron anunció que el gobierno trabajará con máxima celeridad para reformular el articulado. El mandatario ordenó al primer ministro Sébastien Lecornu revisar las objeciones del tribunal con el firme propósito de que la reforma legislativa recupere su curso antes de la primavera de 2027, fecha límite marcada por el final del mandato presidencial.
El panorama internacional sobre la restricción digital
Mientras Francia ajusta su estrategia legal, la presión internacional por regular el entorno digital de los jóvenes sigue en aumento. En la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, propuso un retraso generalizado en el uso de estas plataformas, y en el Reino Unido se proyecta vetar el acceso a menores de 16 años para principios de 2027. Países como Australia, China, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos también avanzan con medidas coercitivas similares, evidenciando un debate global entre la seguridad digital y la protección de las libertades individuales.
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