Gobierno español apura decreto de vivienda cercado por las protestas

Pareja joven sentada en el suelo de su vivienda sosteniendo con preocupación una notificación judicial con la cabecera "ORDEN DE DESAHUCIO". Pareja joven sentada en el suelo de su vivienda sosteniendo con preocupación una notificación judicial con la cabecera "ORDEN DE DESAHUCIO".
La protección completa ante los desalojos de familias vulnerables es uno de los ejes centrales en la negociación del nuevo decreto de vivienda.

Tras el mediático desalojo de una anciana de 87 años y con la Puerta del Sol convertida en campamento, Pedro Sánchez acelera la aprobación de un paquete de urgencia que busca frenar los desahucios y limitar la especulación, aunque la falta de consenso parlamentario amenaza su convalidación.

Presión máxima en la Puerta del Sol y prisa en la Moncloa. El Gobierno apura las últimas horas de negociación para llevar este martes al Consejo de Ministros el esperado decreto ley sobre vivienda.

La urgencia del Ejecutivo no responde a un movimiento calculado en el calendario, sino al desbordamiento de la tensión en la calle. El desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada de su piso tras siete décadas de residencia transformó el malestar social en un clamor político insostenible.

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Cientos de manifestantes completan su segunda noche acampados en pleno centro de Madrid. Exigen medidas drásticas. El presidente Pedro Sánchez aprovechó una intervención ante su partido este domingo para dirigirse abiertamente a la anciana desalojada, asegurando que el Ministerio de Vivienda trabaja sin descanso para aprobar el texto y “empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional”.

El Ministerio dirigido por Isabel Rodríguez confirmó a primera hora de este lunes que el borrador busca blindar a los vulnerables “para que no haya una sola Maricarmen más”. Sin embargo, la brecha interna del bloque de investidura sigue abierta.

El desgarrador desahucio de una anciana de 87 años en Madrid dinamitó los plazos del Ministerio y forzó a Sánchez a acelerar el decreto.

Fuego cruzado entre la izquierda y el bloque parlamentario

Aprobar el decreto en el Gabinete es solo el primer obstáculo. La verdadera prueba de fuego será la convalidación en el Congreso dentro de un mes, donde cada voto cotiza al alza.

Sumar advirtió esta misma mañana que el acuerdo definitivo “sigue muy lejos”. La coalición socia del Gobierno exige garantías tajantes: frenar por completo los desalojos, regular el fraude en los contratos de temporada o de habitaciones y topar de forma estricta los precios. “No vamos a validar un texto que no esté a la altura del momento”, remarcaron fuentes de la formación, advirtiendo que no aceptarán parches de última hora.

El Sindicato de Inquilinos mantiene una postura aún más dura desde las tiendas de campaña de Sol. El colectivo demanda la conversión de todos los contratos en alquileres indefinidos, al estilo del modelo británico, la congelación inmediata de rentas y la prohibición permanente de los desahucios. Para esta plataforma, cualquier iniciativa que omita estos pilares dejará desprotegida a la ciudadanía.

Las concesiones a Junts y la caza del fondo buitre

Para salvar la votación en la Cámara Baja, Vivienda volcó sus esfuerzos del fin de semana en seducir a Junts per Catalunya. Los independentistas rechazaron la propuesta inicial de julio por considerarla insuficiente en materia de incentivos fiscales.

Para convencer al grupo de Carles Puigdemont, el texto negocia incorporar bonificaciones impositivas para los propietarios que reduzcan los precios, rebajas del IVA para la adquisición de primera vivienda por jóvenes e incentivos a las cuentas de ahorro vivienda.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo explora una jugada inédita: vetar la compra de inmuebles residenciales a los fondos de inversión y prohibir que estas grandes tenedoras ejecuten desahucios sobre familias en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa implica un giro notable tanto para los socialistas como para Junts, quienes meses atrás votaron en contra de vetos similares en la sede parlamentaria.

El Gobierno busca seducir a Junts con bonificaciones fiscales a propietarios e incentivos para la compra mientras veta las operaciones de fondos especulativos.

Un equilibrio frágil ante el escrutinio social

El departamento de Isabel Rodríguez confía en que las desgravaciones a pequeños arrendadores, la reducción del IVA a la construcción protegida y el recargo impositivo a los pisos turísticos configuren un marco digerible para la mayoría parlamentaria.

No obstante, el riesgo de un tropiezo en el Congreso planea sobre la Moncloa. Si el borrador se diluye para complacer a las fuerzas conservadoras, perderá el respaldo de Podemoshttps://movimientosumar.es/ y Sumar. Si se adentra en la intervención directa del mercado, chocará contra el muro de la derecha catalana.

Mientras las comisiones apuran la redacción de los artículos antes de la reunión ministerial del martes, las tiendas de campaña continúan desplegadas frente a la sede de la Comunidad de Madrid.

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