La liberación de Haroon Aswat, un extremista islámico de 50 años estrechamente vinculado a los devastadores atentados de Londres del 7 de julio de 2005 (7/7), ha encendido todas las alarmas políticas y de seguridad en el Reino Unido.
Aswat ha sido dado de alta del Hospital Bethlem Royal, en Bromley, tras cumplir con su tratamiento psiquiátrico y bajo el amparo de un fallo emitido por el Tribunal Superior, siendo trasladado posteriormente a otra institución especializada.
La decisión judicial se ha tomado a pesar de que los informes policiales y de seguridad advertían de manera categórica que el individuo continúa representando “un riesgo para la seguridad nacional” y un peligro latente de extremismo violento.
Un historial marcado por el extremismo internacional
El rastro judicial de Aswat se remonta a 2005, cuando los investigadores británicos descubrieron que se habían realizado hasta 20 llamadas desde un teléfono asociado a él hacia los terroristas suicidas justo antes de los ataques en el metro y autobuses de la capital británica, los cuales dejaron 52 muertos y más de 700 heridos.
Tras años de complejos procesos legales, Aswat fue extraditado a Estados Unidos en 2014, donde un tribunal de Nueva York lo condenó en 2015 a 20 años de prisión por conspirar para establecer un campo de entrenamiento terrorista bajo la tutela del clérigo radical Abu Hamza.
Durante su reclusión en territorio estadounidense, el condenado confesó haber mantenido lazos estrechos con las células de los atentados del 11-S y del 7/7, habiendo entrenado previamente en Afganistán y pasando por casas de seguridad de Al Qaeda en Pakistán.
Polémica y debate sobre su salud mental
Aswat fue deportado al Reino Unido en 2022 e ingresado en un centro psiquiátrico bajo la Ley de Salud Mental tras diagnosticársele un trastorno esquizoafectivo con conductas agresivas e impredecibles.
Sin embargo, el diagnóstico ha estado rodeado de controversia: peritos médicos señalaron que el terrorista no mostraba síntomas durante sus etapas de radicalización activa y que, incluso en periodos de estabilidad mental, seguía manifestando una ideología islamista violenta y una marcada resistencia a medicarse.
La excarcelación ha provocado duras críticas desde la oposición, que calificó de “escandaloso” el proceso. Por su parte, el Gobierno del laborista Keir Starmer defendió la solidez de los protocolos antiterroristas nacionales, asegurando que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad mantienen los mecanismos necesarios para supervisar y mitigar cualquier amenaza derivada de su puesta en libertad.
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