Un perímetro acordonado de dos kilómetros en la línea Madrid-Sevilla blinda la escena donde la alta velocidad saltó por los aires. Sin acceso a cámaras particulares ni a miradas ajenas.
Allí, entre Urda y Los Yébenes, los restos retorcidos de dos trenes cargan con el peso trágico de 69 y más de un centenar de heridos en un choque que destrozó la rutina ferroviaria del país.
La titular del Tribunal de Instancia de Orgaz, Aristea Afroditi Ortiz, ha tomado el control absoluto de las pesquisas. No habrá conjeturas políticas ni veredictos precipitados en su sala: las respuestas saldrán de los registros magnéticos, las decisiones del puesto de mando de Atocha y los restos mecánicos en la vía.
El origen de la tragedia arranca con un fallo técnico
El sistema de seguridad LZB dejó de operar de forma imprevista en el tramo toledano. En las situaciones de funcionamiento degradado, la normativa es tajante: la marcha debe reanudarse de forma cautelar, bajo el régimen de ‘marcha a la vista’ y con un límite infranqueable de 40 kilómetros por hora.
Sin embargo, las comunicaciones registradas revelan que desde el centro de regulación de tráfico se dio luz verde para avanzar a velocidad comercial. El AVE de Renfe aceleró hasta rozar los 200 kilómetros por hora confiando en que la vía estaba despejada. No lo estaba. El comboi de Iryo que le precedía seguía detenido a escasa distancia.
Los audios incorporados al expediente registran un elemento dramático. La maquinista del convoy de Iryo notificó de forma expresa al puesto central que no conseguía reanudar la marcha tras el fallo del LZB.
Permanecía inmóvil en el trazado. Pese a esa advertencia directa de la profesional, el operador de Atocha autorizó al tren posterior a lanzarse a velocidad punta sin verificar si existía la separación mínima de seguridad de 30 kilómetros exigida por protocolo. El choque resultante precipitó dos vagones por un terraplén y dejó una masa informes de acero que los equipos de emergencia aún intentan desmantelar con grúas de gran tonelaje.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, tildó públicamente de “inexplicable” la instrucción emitida desde Atocha, apuntando con rapidez hacia la hipótesis del fallo humano.
Habla el sindicato ferroviario
Esa versión oficial ha levantado una polvareda sindical de dimensiones impredecibles. Desde el Sindicato Ferroviario critican con dureza que el Ejecutivo intente cerrar el expediente señalando al eslabón más débil antes de que los peritos examinen la documentación judicial.
“Cómo puede ser que haya pasado casi un año desde el accidente de Adamuz y todavía no haya respuestas definitivas, y a pocas horas del de ayer ya tengamos que la respuesta es el factor humano”, cuestiona Joan Rodríguez, portavoz de la organización. Para la representación laboral, pretender aislar un fallo puntual ignora la degradación progresiva de un modelo operativo donde la conservación de la infraestructura ha quedado fragmentada en subcontratas privadas tras la liberalización de la red.
La respuesta de la justicia camina a otro ritmo, ajena al cruce de acusaciones políticas y gremiales. La Policía Judicial de Toledo y agentes de la Guardia Civil custodian ya las cajas negras recuperadas de los comboyes tras ordenar la incautación inmediata de todas las grabaciones de voz y telemetría de las máquinas.
En paralelo, los investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) han tomado declaración al operario que regulaba la señalización en el Puesto de Mando de Atocha durante los minutos críticos previa a la tragedia. El sumario permanece bajo estricto secreto.
El alcance penal del siniestro ya ha sobrepasado las diligencias ordinarias. El partido Vox formalizó este jueves una querella en los juzgados para exigir la imputación de los operadores de guardia, sus superiores directos y los responsables operativos de Adif encargados de elaborar las consignas para emergencias degradadas, atribuyéndoles posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave.
Mientras, el Instituto de Medicina Legal de Toledo trabaja junto a la Policía Científica en un despliegue forense de emergencia para identificar los restos mortales extraídos del terraplén.
Las grúas pesadas continúan moviendo toneladas de metal en el páramo toledano mientras los perros del servicio cinológico peinan cada rincón de la vía. La reconstrucción de las frecuencias de radio revelará si las órdenes obedecieron a una negligencia individual o si el fallo del sistema LZB dejó a los controladores a ciegas en un panel saturado.
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