La indignación por el encarecimiento de la vida y el reclamo de un retiro digno volvieron a desbordar el corazón de la capital española en plena recta final hacia las urnas.
Con pancartas en alto y al grito de “¡No se venden!”, decenas de miles de personas marcharon este sábado 24 de octubre desde la estación de Atocha hasta la intersección de la calle de Alcalá con la parada de metro de Sevilla.
La movilización reunió a 25.000 asistentes según los registros de la Delegación del Gobierno, una cifra que los convocantes elevan a 50.000 manifestantes llegados desde múltiples rincones del país en un despliegue que duplicó la afluencia respecto a ediciones anteriores.
El impulso de la marcha responde directamente al protagonismo que ha cobrado el futuro del sistema público dentro de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Bajo el liderazgo de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) y el respaldo activo de organizaciones sindicales como la Confederación General del Trabajo (CGT), la marea de jubilados, familias y colectivos juveniles exigió blindar la revalorización de las prestaciones conforme al IPC real.
Francisca López, portavoz nacional de Coespe, defendió con firmeza la urgencia de proteger la capacidad adquisitiva de las clases trabajadoras frente a la escalada constante de los costes cotidianos.
Las demandas sindicales marcan un listón claro para la futura legislatura. Desde la CGT reclaman fijar una pensión mínima de 1.285 euros mensuales sin prorratear, acabar con las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas tras 35 años de cotización y derogar de forma íntegra los marcos normativos aprobados desde 2011. Las organizaciones sociales insisten en recortar la brecha de género y equiparar los mínimos al salario mínimo interprofesional.
El escenario madrileño forma parte de una sacudida social de escala continental. Manifestaciones masivas contra el coste de la vida y la crisis de la vivienda recorren simultáneamente plazas de Francia, Italia y Portugal, provocando un despliegue de seguridad sin precedentes tras los violentos altercados del 17 y 18 de octubre, cuando incendios intencionados destruyeron la sede de turismo de Lyon y el Ayuntamiento de Limoges.
París ha movilizado a 70.000 agentes de policía y gendarmería, mientras que las autoridades italianas blindan Milán con 1.800 efectivos y Roma con otros 1.500 agentes dedicados a evitar desmanes.
Alerta terrorista en las protestas
Esta tensión social se cruza con una amenaza de seguridad de extrema gravedad revelada por informes de ciberseguridad. Un documento interno de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad al que tuvo acceso el diario El País detalla que la red del autodenominado Estado Islámico difunde mensajes que incitan a cometer atentados terroristas aprovechando las aglomeraciones en las calles.
El informe alerta de que los choques entre manifestantes y fuerzas del orden convierten a la policía en “una presa fácil” e incita de forma implícita al martirio mediante ataques suicidas con bomba o atropellos masivos durante las protestas en España, Portugal, Francia e Italia.
Las alertas han encendido las alarmas en el Sistema de Seguridad Interna (SSI) de Portugal, cuya secretaría general confirmó que sigue minuciosamente los avisos en estrecha coordinación con las agencias europeas de inteligencia.
Con las acampadas consolidadas en Lisboa, Oporto y Madrid, la contención en las calles europeas afronta semanas decisivas. «La configuración de las protestas ofrece una rara oportunidad para atacarlos», advierte tajante el documento policial sobre los riesgos que rodean a unas movilizaciones masivas que no dan tregua en el continente.
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