La primera ministra Giorgia Meloni anunció la presentación inminente de un proyecto de ley para vetar prendas que cubran el rostro, como el burka o el niqab, en todos los centros educativos del país. El texto normativo fija además un tope máximo de estudiantes extranjeros por clase y exigirá a los padres de alumnos con dificultades de integración la obligación de aprender italiano.
El anuncio tuvo lugar este domingo durante el encuentro anual de Atreju, la rama juvenil de su partido, Hermanos de Italia. Meloni defendió la medida apelando a la neutralidad de los espacios educativos y al proceso de asimilación cultural.
“Hay que ir a la escuela con el rostro descubierto y, en Italia, nadie puede decidir, en nombre de una tradición real o supuesta, que una joven deba ocultarse”, aseveró la mandataria.
La iniciativa complementa la propuesta realizada hace un año para penalizar los velos integrales en la vía pública con multas de hasta 3.000 euros.
El texto obligará a distribuir a los alumnos extranjeros entre diferentes grupos de un mismo centro. Cuando las aulas no resulten suficientes, las oficinas escolares regionales gestionarán su traslado a colegios colindantes. Sin embargo, el encaje legal deja fuera a casi la mitad del colectivo. El 44,4% de los estudiantes no italianos procede de países de la Unión Europea, con Rumanía a la cabez, y la normativa comunitaria prohíbe cualquier discriminación por origen.
Los datos de la Fundación Ismu sitúan a los alumnos sin ciudadanía italiana en el 11,6% del total matriculado. En unas mil aulas, sobre un universo de 300.000, los estudiantes foráneos de primera generación superan el 20%.
Meloni argumentó que concentraciones elevadas lastran la enseñanza: “Si en una clase hay un solo niño que no entiende italiano, es probable que pueda aprender e integrarse rápidamente. Si constituyen la mayoría, eso ya no es integración; es abandono”.
El sector docente ha reaccionado con escepticismo técnico. Antonello Giannelli, presidente de la Asociación Nacional de Directores Escolares (ANP), recordó en La Repubblica que ya existe una circular que aconseja un límite del 30% de alumnos extranjeros por aula, un criterio que no se cumple. “¿Si la población extranjera es mayoritaria en esa zona, qué se supone que debemos hacer? ¿Rechazarlos?”, cuestionó Giannelli, subrayando que las escuelas de preescolar y primaria no pueden denegar la plaza a niños empadronados en el barrio.
La reforma se topa además con la infranutrición presupuestaria del sistema educativo transalpino. Italia destinó en 2023 el 4,1% de su PIB a la educación, según Eurostat, frente al 4,7% de la media comunitaria. El movimiento político se produce en medio de rumores sobre un adelanto electoral para la primavera de 2027 y bajo la sombra de la competencia electoral que ejerce Futuro Nacional, la nueva fuerza de ultraderecha encabezada por el exgeneral Roberto Vannacci.
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